Una investigación periodística revela que 18 recién nacidos perdieron la vida en el Hospital Universitario de Guayaquil, debido a la ausencia de cánulas nasales, dispositivos esenciales para proporcionar oxígeno a bebés con problemas respiratorios, una falla que cobra carácter de tragedia en pleno 2025. Las familias afectadas denuncian que el sistema de salud no provee insumos básicos y que ni siquiera el Ministerio de Salud ha informado al respecto, mientras los medios nacionales permanecen alarmantemente silenciosos.
Según el reporte, cada cánula cuesta apenas $2,20, una cifra tan baja que contrasta brutalmente con las consecuencias, con decenas de vidas truncadas por la omisión de una compra mínima. Así, se evidencia que si se hubiese dispuesto de un monto simbólico, esta tragedia habría sido evitada por completo. Aun así, las autoridades guardan silencio y las familias permanecen en luto, sin recibir ninguna explicación oficial.
La negligencia en la provisión de insumos suscita interrogantes sobre la gestión pública, como el ¿por qué no se adquieren materiales tan esenciales?, ¿por qué no se alerta a la ciudadanía? y sobre todo ¿por qué sigue sin iniciarse una investigación exhaustiva? El hecho de que esta situación no haya sido cubierta por los grandes medios nacionales ni comunicada desde el Gobierno agrava aún más la percepción de abandono y mínima rendición de cuentas.
Las madres, los padres y las familias de los recién nacidos son, hasta ahora, los únicos que derraman su dolor de manera pública. No se han escuchado palabras en medios oficiales, ni ninguna acción concreta por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Salud , o de la Fiscalía. Esta ausencia de reacción institucional golpea directamente a quienes esperan justicia y verdad, y refuerza la sensación de que una falla estructural en la salud pública prevalece sin frenos.
El silencio también llega acompañado de frialdad numérica, en donde los datos oficiales indican que, hasta mediados de 2025, el Gobierno ha gastado apenas el 11 % del presupuesto asignado al sector salud, una ejecución que no se condice con las necesidades urgentes de los hospitales públicos, ni con el derecho básico a la vida de los más vulnerables.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos, gremios médicos y sectores críticos del país lanzan voces que reclaman de forma unánime: ¿por qué nadie indaga? ¿Por qué no se abre un sumario inmediato? ¿Cuántas muertes más se necesitan para que las autoridades actúen? La tragedia moviliza a un clamor social que exige transparencia, respuestas y, sobre todo, medidas que frenen la repetición de errores fatales.
Finalmente, desde los espacios de denuncia se hace un llamado urgente al Ministerio de Salud, a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Contraloría, para que intervengan ya, investiguen esta tragedia y determinen responsabilidades. El luto exige respuestas, y el Estado tiene ahora la obligación de actuar con honestidad, rapidez y justicia para evitar el siguiente episodio evitable en la historia de la atención sanitaria ecuatoriana.