Tras la declaratoria de «conflicto armado interno» para combatir a las bandas narcodelictivas, en Ecuador se ha intensificado la detección y el procesamiento de agentes policiales implicados en corrupción.
Los casos se vuelven cada vez más frecuentes y diversos. Varios policías han sido arrestados por sus propios compañeros en medio de diferentes investigaciones. El proceso más destacado en lo que va de 2025 es conocido como Depuración Azul.
En este caso, seis uniformados (uno de ellos en servicio pasivo) integraban una red delictiva que sustrajo municiones y armas del rastrillo policial —incluidas algunas entregadas por Estados Unidos— para venderlas a grupos criminales como los Freddy Krueger. Actualmente enfrentan cargos por delincuencia organizada.
Uno de los primeros escándalos del año ocurrió en Quito, el 17 de enero de 2025. Ese día, la Fiscalía allanó la morgue de la ciudad y detuvo a dos policías en servicio activo. Según las investigaciones, participaban en una presunta red que, junto con propietarios de funerarias, cobraba a familiares de fallecidos para «agilizar» la entrega de cuerpos. El caso fue tipificado como asociación ilícita.
El 30 de enero de 2025, en Huaquillas (El Oro), se realizaron siete allanamientos en el marco del Plan Anticorrupción 2.0, que culminaron con la captura de dos policías en servicio activo. El foco estaba en la Subjefatura de Tránsito, donde funcionaba una red que exigía pagos indebidos para trámites vehiculares.
Posteriormente, el 12 de febrero de 2025, también bajo este Plan, la Fiscalía llevó a cabo diez allanamientos en Pichincha. Cinco uniformados fueron arrestados por presunta delincuencia organizada, vinculados a delitos como concusión y tráfico de influencias relacionados con investigaciones judiciales.
Entre el 14 y el 15 de mayo de 2025, otro escándalo estalló en Guayaquil: tres policías fueron detenidos por un presunto secuestro extorsivo, ya que habrían retenido ilegalmente a un familiar de una víctima y exigido USD 2.000 como rescate.
El 17 de julio de 2025, durante el operativo Embestida 34 en Machala, cuatro policías fueron arrestados en delito flagrante, acusados de concusión, es decir, cobrar dinero de manera indebida aprovechando su cargo.
Además de los procesos penales que impulsa la Fiscalía, la propia Policía Nacional abre sumarios administrativos para destituir a los agentes implicados en corrupción.
Datos de la institución muestran que, entre el 1 de enero de 2022 y el 17 de julio de 2025, se sumariaron 262 policías por faltas muy graves, consideradas actos de corrupción.
En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró el «conflicto armado interno» contra una veintena de bandas catalogadas como terroristas. Desde entonces, los casos de policías sumariados por corrupción aumentaron de forma evidente.
En 2022 se registraron 62 procesos administrativos; en 2024, la cifra ascendió a 82, lo que representa un incremento del 32 %. La tendencia continúa en 2025: hasta el 17 de julio ya había 42 casos y, de mantenerse esa proyección, el año cerraría con más de 80 sumarios.
La mayoría de los policías investigados están en Quito y Guayaquil. En los últimos cuatro años, 122 agentes fueron sumariados en estas ciudades, lo que representa el 47 % del total nacional.
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