La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió las pruebas de cargo y de descargo en el juicio político presentado por el asambleísta Keevin Gallardo (ADN) contra el consejero del CPCCS, Gonzalo Albán Molestina. El proceso se centra en una supuesta violación de funciones al haber aceptado la candidatura siendo adherente a un movimiento político en los años previos, lo cual estaría prohibido.
Gallardo detalló cuatro documentos de respaldo, incluidos oficios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), mientras la defensa de Albán presentó diez pruebas —ocho documentales y dos testimoniales— y solicitó la participación de especialistas en derecho parlamentario y constitucional.
El plazo para la presentación de pruebas concluyó hoy, martes 2 de septiembre, marcando el inicio de la etapa decisiva del juicio. La Comisión ahora se encamina a redactar un informe motivado, que deberá presentarse antes del 7 de septiembre, momento en el que se determinará si el caso avanza al Pleno o se archiva.
Gonzalo Albán calificó el juicio como un «juicio imposible», pues se refiere a hechos cometidos antes de asumir su cargo en enero de 2025. Además, advirtió que insistir en este procedimiento vulnera sus derechos y contradice una sentencia firme del TCE que respaldó su postulación.
La defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Muñoz, argumentó que el juicio político no puede utilizarse para cuestionar decisiones firmes de la Función Electoral. Insistieron en que el proceso enfocado en hechos anteriores al ejercicio del cargo excede la competencia de la Asamblea y representa una grave afectación a la seguridad jurídica.
El constitucionalista André Benavides advirtió que permitir un juicio por acciones previas a la toma de posesión abre un peligroso precedente institucional. Recordó que, según la Constitución, el juicio político solo es procedente durante el ejercicio del cargo o hasta un año después de su conclusión, lo cual no aplica en este caso, ya que Albán aún no ejercía ninguna función pública.
Este juicio se da en un contexto de disputas políticas internas, ya que Albán es el último consejero titular suplente del CPCCS. Una eventual destitución podría agravar la crisis interna en el organismo, que hoy enfrenta procesos decisivos como la elección del Fiscal General y de los vocales del Consejo de la Judicatura.