La mañana del jueves 11 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa encabezó la denominada Marcha por la Paz y la Justicia en Guayaquil, con el objetivo de reafirmar el compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad que aqueja a la ciudad. Sin embargo, la convocatoria, que esperaba reunir a más de 80.000 personas según estimaciones oficiales, evidenció una participación significativamente menor, generando cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia gubernamental y la percepción pública hacia su gestión, e incluso, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó que sí asistieron las 80.000 personas, pero en el medio de comunicación Ecuavisa, indicó que estuvieron 55.000 ciudadanos.
La marcha comenzó alrededor de las 09H00 en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Olmedo, en el centro de Guayaquil. A pesar de los esfuerzos organizativos, como el despliegue de más de 350 buses provenientes de diversas provincias, la asistencia fue notablemente inferior a la esperada. La presencia de los ministros de Estado y otros funcionarios gubernamentales no logró atraer a un número importante de participantes, lo que contrastó con la masiva movilización registrada en Quito semanas atrás.
El presidente Noboa arribó al lugar con retraso, siendo recibido por un grupo determinado de seguidores. Acompañado por su madre, la legisladora Annabella Azín, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Noboa recorrió el Malecón Simón Bolívar hasta la avenida Nueve de Octubre, donde pronunció un breve discurso. En su intervención, hizo un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la democracia, al tiempo que reiteró su compromiso con la seguridad y la justicia en el país.
La marcha transcurrió en un ambiente caldeado por consignas a favor de la paz y la justicia, pero también por críticas hacia la Corte Constitucional, que recientemente rechazó varias de las preguntas propuestas por el Gobierno para la consulta popular. El ministro del Interior, John Reimberg, aprovechó la ocasión para cuestionar a los jueces, acusándolos de estar en contra de los intereses de los ecuatorianos. Estas declaraciones reflejan la creciente tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial, en un contexto de polarización política.
La baja participación en la marcha ha sido interpretada por analistas políticos como una señal de desafección ciudadana hacia el Gobierno de Noboa, pues era evidente que la mayoría de los convocados, estaban siendo conducidos por funcionarios estatales y de organismos seccionales. A pesar de los esfuerzos por movilizar a sectores sociales y políticos, la respuesta popular fue tibia, lo que podría indicar una pérdida de apoyo en momentos determinantes, como la próxima consulta popular. Además, la movilización se produce en un contexto de creciente inseguridad en Guayaquil, donde se han reportado más de 1.800 muertes violentas en lo que va del año, lo que genera escepticismo sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas.
En redes sociales, la marcha también fue objeto de críticas y burlas. Usuarios de plataformas como X e Instagram compartieron imágenes y comentarios que cuestionaban la autenticidad de la convocatoria. Algunos usuarios señalaron la presencia de personas que parecían estar allí por obligación, como empleados públicos o beneficiarios de programas sociales, lo que alimentó la percepción de que la marcha fue una estrategia de imagen más que una expresión genuina de apoyo popular.