El decreto de eliminación del subsidio al diésel, emitido por el presidente Daniel Noboa el 13 de septiembre, ya se convirtió en uno de los temas más conflictivos de su administración. La decisión, que elevó el precio del galón de $1,80 a $2,80, se tradujo en protestas, cierres de carreteras y una fuerte reacción de gremios del transporte, productores agrícolas y colectivos sociales. Para la mayoría de ciudadanos, el golpe al bolsillo fue inmediato, pues el alza incidió tanto en los costos de producción como en los precios de bienes y servicios.
Las cifras respaldaron el descontento. Una encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) reveló que 83 % de la población se declaró afectada por el incremento del combustible. En Guayaquil, la percepción de impacto llegó al 86 %, y en Quito al 79 %. Los mecanismos de compensación que el Gobierno anunció en paralelo fueron recibidos con escepticismo, pues apenas un 30% de los quiteños dijo confiar en ellos, mientras que en Guayaquil alcanzaron una aceptación del 61%, aunque sin neutralizar el rechazo mayoritario.
El efecto político se reflejó con rapidez en la aprobación presidencial. Noboa, que en los meses anteriores mantenía niveles cercanos al 45% de respaldo, descendió a un 42%, mientras la desaprobación escaló al 56 %, de acuerdo con el mismo estudio. El contraste con el inicio de su mandato resultó evidente, de prometer estabilidad y reformas, pasó a enfrentar un escenario de creciente inconformidad, en el que la población comenzó a cuestionar no solo la medida económica, sino también el rumbo político del Gobierno.
El Ejecutivo defendió su decisión alegando que el subsidio representaba un gasto anual superior a los $1.100 millones, recursos que, según Noboa, no beneficiaban a los sectores más vulnerables y se filtraban hacia mafias de contrabando y minería ilegal. Como respuesta, se anunciaron compensaciones focalizadas, entre ellas bonos a transportistas y agricultores, así como la devolución de impuestos a determinados grupos. Sin embargo, para amplios sectores estas medidas no resultaron suficientes frente al alza generalizada de costos.
Movilizaciones de transportistas bloquearon vías en varias provincias, mientras colectivos sociales e indígenas denunciaron que el ajuste se aplicaba sin una consulta real ni mecanismos de diálogo efectivos. En zonas rurales, los productores advirtieron que los márgenes de rentabilidad se estrechaban peligrosamente, lo que podía desembocar en la paralización de cosechas y en un mayor encarecimiento de alimentos básicos.
Economistas y analistas coincidieron en que, si bien la eliminación del subsidio favorecía el equilibrio fiscal y respondía a compromisos con organismos internacionales, su implementación careció de un plan integral de transición. Advirtieron que el impacto inflacionario recaía principalmente sobre los sectores medios y populares, los más sensibles a variaciones en el precio del transporte y de la canasta básica. En ese contexto, las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener políticamente la medida crecieron semana a semana.
La crisis dejó al presidente Noboa en una encrucijada, por un lado, el beneficio fiscal inmediato de liberar recursos y contener abusos; por otro, el costo social y político de una población que percibió el ajuste como injusto y apresurado. Con protestas en curso, credibilidad en descenso y sectores sociales en pie de lucha, el Gobierno enfrentó uno de sus momentos más complejos desde el inicio de la gestión, marcado por el desafío de transformar una decisión impopular en una política que no comprometa la gobernabilidad del país.