El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) enfrenta una crisis abierta después de que dos de sus representantes, Adrián Castro y Camila Cueva, violaran la disciplina partidaria en las últimas votaciones, lo que resultó en derrotas decisivas para la agenda gubernamental en la Asamblea Nacional. Castro se distanció públicamente del bloque al apoyar iniciativas relacionadas con la protección del agua y el medio ambiente en su provincia (Azuay), mientras que Cueva se abstuvo de votar sobre el primer apoyo a una Asamblea Constituyente, lo que resulta en derrotas parlamentarias que exponen las fisuras internas del Gobierno.
La primera chispa de la crisis se desató cuando Adrián Castro, representante del Azuay, votó en sintonía con los diputados de la Revolución Ciudadana en las solicitudes relacionadas con el caso Quimsacocha —un asunto muy controvertido relacionado con la licencia ambiental del proyecto Loma Larga— y presentó una carta a la mesa de la bancada en la que declaró que actuaba con absoluta independencia en el asunto, justificando su postura como defensora de los intereses de su provincia.
Este gesto de autonomía enfureció a los líderes de la ADN, quienes esperaban el apoyo incondicional de la bancada, especialmente en un momento en que el Poder Ejecutivo busca respaldo legislativo para iniciativas de gran impacto político. Al mismo tiempo, la postura de Camila Cueva en el pleno, donde se intentó incluir una resolución que apoyaba la primera convocatoria del presidente Noboa a una Asamblea Constituyente, desbarató la aritmética del Gobierno: la moción de la asambleísta Lucía Pozo obtuvo solo 74 votos a favor —tres menos del quórum requerido—, 64 votos en contra, seis abstenciones (incluida la de Cueva) y siete ausencias, lo que representa una derrota simbólica y práctica para el bloque oficialista. La abstención de Cueva, sumada a otras ausencias y disensos, impidió este viernes 19, que el bloque alcance los 77 votos necesarios para modificar la agenda y legitimar el debate que busca el Ejecutivo.
La combinación de estos episodios transforma un desacuerdo puntual en un problema estratégico, en donde ADN, que hasta entonces contaba con una bancada mayoritaria capaz de aprobar iniciativas gubernamentales, ve cuestionada su cohesión en el pleno y a nivel provincial, especialmente en territorios donde los asuntos locales —como la protección de las fuentes de agua— tienen un peso político determinante.
A nivel gubernamental, la derrota parlamentaria aumenta la presión sobre el Ejecutivo para que reformule su estrategia, pues mientras algunos dirigentes políticos piden un mensaje más contundente y la búsqueda de nuevos apoyos, otros asesores recomiendan el diálogo y la adaptación a las demandas sectoriales para reconstruir alianzas.
Mientras la bancada de la ADN intenta reagruparse, el episodio amplía el debate público sobre la responsabilidad representativa y la lealtad partidista: los movimientos sociales y los partidos de oposición interpretan la disidencia como señales de debilidad del gobierno y exigen a los legisladores que prioricen la defensa de los derechos y la autonomía local; a su vez, sectores del partido gobernante culpan a la oposición de explotar los problemas locales para debilitar al Ejecutivo. El resultado de las negociaciones internas de la ADN y la capacidad del partido para recuperar la disciplina en los próximos días serán determinantes para la continuidad de la agenda legislativa del Gobierno y el equilibrio político del país.