El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador decidió no destituir al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a pesar de la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Guarderas alegó que Alvarez había cometido una grave infracción electoral al promover el apoyo a un candidato presidencial durante el período electoral. El TCE reconoció la infracción, pero optó por imponer una multa de $4.700 dólares estadounidenses y exigió una disculpa pública del alcalde, sin ordenar su destitución ni la pérdida de sus derechos políticos.
La denuncia de Guarderas se originó en las declaraciones públicas de Alvarez durante la campaña presidencial, en las que presuntamente expresó su apoyo explícito a una candidata, lo que constituye, según el TCE, una violación del Código de la Democracia. Si bien la decisión no supuso la destitución del alcalde, Alvarez acató la orden judicial y ofreció una disculpa pública conforme a la sentencia.
La reacción política al fallo fue diversa. Los aliados de Alvarez consideraron la sanción excesiva, mientras que los opositores, incluyendo a Guarderas, la consideraron un paso importante para exigir responsabilidades a los funcionarios públicos. El caso continúa siendo seguido de cerca por la ciudadanía y los observadores políticos, que esperan los próximos pasos del alcalde Alvarez y las posibles repercusiones políticas en Guayaquil. La situación también plantea interrogantes sobre la eficacia de las instituciones electorales para garantizar la equidad y la transparencia en los procesos políticos locales.