En la Corte Nacional de Justicia se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares del caso Ligados, en el que están implicados Augusto Verduga, Esther Cuesta y otros.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, ordenó prisión preventiva contra Esther Cuesta, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, procesada por presunta asociación ilícita dentro de esta causa.
La decisión se emitió este 29 de septiembre durante la audiencia, debido a que Cuesta incumplió con las presentaciones periódicas ante la Fiscalía.
La magistrada también dispuso que se notifique a Interpol para emitir la difusión roja con el fin de localizar y detener a Cuesta, cuyo paradero se desconoce.
En cuanto a Augusto Verduga, la jueza fijó una caución de USD 11.280 que deberá ser cancelada en un plazo de cinco días.
Además de Verduga, en esta investigación están señalados Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), quienes ya son investigados dentro del proceso.
Según la Fiscalía, los involucrados habrían participado en una supuesta asociación ilícita relacionada con actuaciones dentro del CPCCS.
Uno de los hechos bajo investigación es la presunta presión política e irregularidades en la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022 – 2027, contrariando un dictamen de la Corte Constitucional emitido en diciembre de 2024.
El principal elemento de esta trama de corrupción serían los chats y audios encontrados en el teléfono de Verduga, en los que mantenía frecuentes conversaciones con integrantes de la llamada Revolución Ciudadana.
Desde la red social X, Verduga rechazó los argumentos presentados por el fiscal General subrogante, Wilson Toainga, y por Santiago Peñaherrera, coordinador jurídico del Consejo de Participación.
Para Peñaherrera, el CPCCS es «víctima» de una asociación ilícita atribuida a exconsejeros como Verduga, Franco Loor y otros, quienes habrían buscado incidir en los concursos de selección de autoridades de control.
Verduga respondió que «la asociación ilícita no es un delito de resultado. Entonces, si no hay un resultado concreto, ¿cómo puede haber daño? Y si no hay daño, ¿con qué fundamento se calificó la acusación particular? Lo cierto es que se le permitió ejercer como acusador particular desde hace meses», manifestó.
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