La Corte Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, bloqueando las reformas que ADN intentó aprobar rápidamente dentro de las propuestas del presidente Daniel Noboa.
Más allá de los cambios en materia penal, dichas leyes contemplaban modificaciones en casi treinta normas y procesos, aunque la mayoría no guardaba relación con el conflicto armado interno, el servicio público ni la contratación estatal, que eran los ejes centrales de las normas anuladas.
Los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) aprovecharon los proyectos presidenciales para incluir múltiples temas: desde radares de velocidad, régimen de adolescentes infractores, emergencia judicial, visas para extranjeros, cooperativas convertidas en bancos, grandes condonaciones tributarias e incluso correcciones a errores previos.
Ese fue justamente uno de los principales argumentos de las 32 demandas ciudadanas analizadas por la Corte Constitucional, que derivaron en dos fallos adversos tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
Pese a ello, el Gobierno y la bancada oficialista se rehúsan a reconocer las vulneraciones legales y constitucionales cometidas durante el trámite, y han enfocado su discurso político en atacar a los jueces.
Como consecuencia de este proceso irregular —con falta de unidad de materia, uso indebido del carácter de económico urgente, ausencia de debate democrático y votaciones apresuradas— quedaron sin efecto decenas de reformas que ya se encontraban en trámite en otras instancias.
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