El Gobierno desvinculó a 1.244 servidores públicos amparado en la Ley de Integridad, declarada inconstitucional. Sin embargo, la ministra de Trabajo aclaró que la sentencia de la Corte no tiene efecto retroactivo en materia laboral.
Desde el 28 de julio, bajo el mandato de Daniel Noboa, se ejecutaron despidos de funcionarios con nombramiento permanente mediante supresión de puestos, lo que representó un costo de USD 25 millones en indemnizaciones, según informó la ministra Ivonne Núñez.
La medida se aplicó con base en la Resolución 032 del Ministerio de Trabajo, publicada el 24 de julio, que establecía lineamientos para la supresión de cargos, en cumplimiento de la Ley de Integridad Pública, posteriormente declarada inconstitucional y, en consecuencia, derogada.
No obstante, Núñez enfatizó que la sentencia no permite la reincorporación de los despedidos: «Lo que se hizo, ahí murió; no se puede volver a hacer». Recordó además que la supresión de puestos sigue vigente en el artículo 47 de la Losep, por lo que lo anulado fue únicamente la norma técnica que sustentaba los despidos.
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