De acuerdo con un grupo de jubilados, la reciente reforma al Biess contradice el artículo 372 de la Constitución, que establece que no se podrá afectar el patrimonio de la seguridad social.
El Frente Nacional por un Nuevo IESS, integrado por jubilados de nueve provincias, anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, al considerar que profundiza la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La reforma aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de septiembre de 2025 autoriza que el Biess pueda endeudarse utilizando como garantía los activos de los afiliados.
¿Qué establece la norma? El texto legal permite al Biess realizar operaciones financieras con entidades bancarias nacionales o internacionales para obtener liquidez.
Para concretarlo, el Banco del Afiliado puede pignorar parte de su portafolio de inversiones. En términos sencillos, el banco adquiere un préstamo ofreciendo como garantía parte de los créditos otorgados, similar a un afiliado que solicita un préstamo hipotecando su vivienda.
Si el Biess no logra cubrir la deuda, la entidad financiera acreedora podría quedarse con esos créditos hipotecarios. En consecuencia, los pagos realizados por los afiliados ya no ingresarían al Biess, sino al banco que prestó el dinero. También es posible que se utilicen como garantía bonos del Estado.
En síntesis, el Biess accede a liquidez inmediata, pero compromete ingresos futuros que deberían destinarse al pago de pensiones de los jubilados.
El presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, Henry Yánez, advierte que, además, el Biess tendría que endeudarse a tasas de interés elevadas, cuyos costos terminarían recayendo en afiliados y jubilados.
Esto, según Yánez, afecta al patrimonio que administra el Biess, lo que vulnera el artículo 372 de la Constitución, el cual dispone que «ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio».
«Es un golpe fuerte para el IESS», enfatizó Yánez, quien aseguró que todos estos fundamentos serán parte de la demanda que presentarán ante la Corte Constitucional en cuanto la norma sea publicada en el Registro Oficial.
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