El Tribunal de Garantías Penales del Guayas resolvió este 30 de septiembre de 2025 negar la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del denominado Caso Triple A, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de combustibles subsidiados. Los jueces consideraron que las medidas cautelares ya impuestas —uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial— son suficientes y proporcionales para garantizar su comparecencia al proceso penal.
La decisión se produce tras una tensa audiencia en la que la Fiscalía General del Estado argumenta que Alvarez incumplió con una de sus presentaciones judiciales el 1 de septiembre, por lo que debía endurecerse la restricción y dictarse prisión preventiva. El fiscal Carlos Leonardo Alarcón Argudo, sostuvo que la ausencia demuestra un riesgo de fuga y una falta de respeto al mandato judicial. La defensa del burgomaestre, protagonizada por el abogado Ramiro García, sin embargo, rebatió que ese día el alcalde se encontraba en Quito, cumpliendo una agenda oficial que incluía reuniones con autoridades nacionales y que notificó oportunamente sobre esta situación.
Aquiles Alvarez insiste en que el caso responde a una “burda persecución política” y acusa a ciertos sectores de intentar desestabilizar su gestión en la Alcaldía de Guayaquil. Señala que siempre se ha sometido a los requerimientos judiciales, que colabora con las investigaciones y que no existe justificación legal para privarlo de la libertad. Al salir de la audiencia, enfatiza que continuará trabajando por la ciudad y que el fallo ratifica su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
El Caso Triple A tiene su origen en una investigación sobre la presunta comercialización irregular de combustibles subsidiados, que habrían sido desviados hacia circuitos no autorizados, generando pérdidas millonarias al Estado ecuatoriano. La Fiscalía sostiene que existen indicios de participación de empresas y personas vinculadas al círculo político de Alvarez, aunque hasta ahora no se ha demostrado su responsabilidad. La defensa reitera que el alcalde no tiene relación con dichas operaciones y que se trata de un proceso manipulado con fines electorales y mediáticos.
La resolución judicial fue observada con atención en Guayaquil, donde Alvarez mantiene un fuerte respaldo popular. Para sus simpatizantes, la negativa a la prisión preventiva representa un triunfo de la justicia frente a lo que califican como intentos de judicialización de la política.
Mientras tanto, la Fiscalía anuncia que continuará con la instrucción fiscal, recopilando pruebas y testimonios para sustentar su acusación. El proceso entra ahora en una fase decisiva, pues se prevé que la audiencia preparatoria de juicio se realice en los próximos meses y que el juzgamiento quede agendado para inicios de 2026. Hasta entonces, Alvarez deberá cumplir estrictamente con las medidas cautelares, bajo advertencia de que cualquier incumplimiento podría reactivar el pedido de prisión preventiva.