Desde agosto, el Gobierno de Daniel Noboa inició la desvinculación de servidores en las entidades fusionadas, apoyándose en la Ley de Integridad, que posteriormente fue declarada inconstitucional.
Como resultado de las fusiones de instituciones públicas, 106 servidores con nombramiento permanente fueron despedidos desde agosto mediante la supresión de plazas. Las indemnizaciones de estos trabajadores implicaron un gasto estatal de USD 2,2 millones.
Estos datos provienen de un listado de supresiones de puestos, que abarca del 25 de julio al 26 de septiembre de 2025, entregado por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
Las desvinculaciones se realizaron conforme a la norma técnica de supresión de puestos, emitida por el Ministerio de Trabajo y publicada en el Registro Oficial el 24 de julio, en cumplimiento de la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional el 26 de septiembre.
La norma técnica que regula el proceso de supresión de plazas, mediante la Resolución 032 del Ministerio de Trabajo, se publicó pocas horas antes de que el Gobierno presentara un plan de eficiencia administrativa, que incluía la fusión de entidades públicas y el despido de 5.000 funcionarios.
En total, a través de la supresión de partidas, fueron despedidos 1.244 servidores desde el 25 de julio. La normativa derogada permitía la supresión por razones como duplicidad de funciones, puestos sobrevalorados, procesos de reestructuración interna y situaciones presupuestarias adversas.
Aunque la norma ya no está vigente tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad, la sentencia de la Corte Constitucional no aplica de manera retroactiva en el ámbito laboral, por lo que los empleados despedidos no pueden reincorporarse a sus cargos.
Empleados despedidos por fusiones
El proceso de fusión de entidades públicas, mediante absorción, traslado o adscripción, comenzó el 14 de agosto con la firma de los decretos ejecutivos correspondientes por parte del presidente Daniel Noboa. Por ello, las desvinculaciones asociadas a este proceso se iniciaron en agosto.
A continuación se detalla el número de servidores despedidos por entidad fusionada y el monto de indemnización correspondiente hasta el 26 de septiembre.
Algunas entidades ya habían comenzado a desvincular empleados desde finales de julio, como parte del plan de eficiencia anunciado por el Gobierno.
Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ahora incorporado al Ministerio de Infraestructura y Transporte (antes Ministerio de Transporte y Obras Públicas), despidió a 15 personas el 25 de julio. En el anterior Ministerio de Transporte se desvincularon a 91 trabajadores el 26 de julio.
Mientras tanto, del Ministerio del Ambiente, que absorbió al de Energía, se desvincularon 74 personas el 25 de julio. Del Ministerio de Energía, 9 empleados fueron despedidos el 26 de julio.
Fuente: cortesía