Desde tempranas horas del día, el ECU-911 y el Ministerio de Transporte reportan que gran parte del país está afectado por bloqueos viales, resultado de protestas sociales, pero también por deslizamientos de tierra e infraestructuras colapsadas. En la provincia de Imbabura los cierres son generalizados: rutas como Zuleta–Rumipamba, Cotacachi–Apuela, Ibarra–Urcuquí y la E35 entre Otavalo y Cotacachi están intransitables por movilizaciones y puntos de bloqueo.
En Carchi, los tramos Bolívar–Piquiucho han quedado interrumpidos por manifestantes en Piquiucho y Cunquer; la ruta alterna sugerida pasa por Bolívar–Espejo–Mira. En la región de Azuay, el tramo entre Cuenca, Girón, Pasaje y Machala está cerrado en el kilómetro 123, justo en el puente de Molopongo — se indica que la vía alterna es por Uzhcurrumí.
Las provincias andinas del país también están en alerta: en Pichincha se han cerrado rutas como Quito–Cayambe (E35), Nanegalito–Calacalí y Guayllabamba–Calderón, especialmente donde las protestas y bloqueos se combinan con derrumbes y movimientos de tierra en Loma Gorda y sectores como Cajas Jurídica. En Tungurahua y Chimborazo, los tramos Baños–Penipe–Riobamba se encuentran suspendidos por deslizamientos declarados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
En Loja, las vías Loja–Saraguro, antigua carretera Loja–Cuenca y el tramo entre Saraguro y Cuenca (vía Puente de Sinincapac y Quebrada Gushacapa) también están fuera de servicio por acumulación de escombros y manifestantes. En Napo, rutas esenciales como San Luis a los túneles de Coca Codo Sinclair y El Reventador hacia Baeza están totalmente cerradas por colapso y pérdida de la mesa vial.
La combinación de manifestaciones masivas con factores geológicos agrava la situación, pues incluso donde no habían protestas activas, los deslizamientos han cortado el tránsito y los manifestantes han aprovechado de la situación para bloquear aún más las carreteras. Las autoridades locales y equipos de emergencia se movilizan para evaluar daños y habilitar rutas alternativas, pero reconocen que el panorama es complejo por la multiplicidad de puntos bloqueados.
En algunas zonas, comunidades aisladas informan que no pueden acceder a mercados o servicios básicos, mientras transportistas denuncian pérdidas de cargas y más costos logísticos. Se observa también congestión creciente en los caminos alternos, cuyas capacidades se ven saturadas por el flujo redirigido.