Este martes 21 de octubre, Ecuador atraviesa otro día paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas sociales. La protesta ha generado bloqueos en diversas provincias, afectando la movilidad y generando tensiones entre manifestantes y autoridades.
Según el reporte del ECU 911, se registran cierres viales en seis provincias: Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Loja y Pichincha. Entre las vías afectadas se encuentran la Cuenca–Girón–Pasaje–Machala, la Cuenca–Molleturo–Naranjal y la Cuenca–Guarumales–Méndez–Macas, todas con bloqueos parciales o totales debido a manifestaciones y deslizamientos de tierra. En Imbabura, epicentro del conflicto, se reportan múltiples cierres en rutas como la E35 Otavalo–Cotacachi y la E28 Tabacundo–Cajas.
Las protestas han tenido un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos. En ciudades como Quito y Guayaquil, se han suspendido actividades laborales y educativas debido a la falta de transporte público y la inseguridad en las calles. Además, el comercio local ha experimentado pérdidas económicas debido a la disminución de clientes y la imposibilidad de recibir mercancías.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha mantenido una postura firme frente a las demandas de la Conaie, rechazando la posibilidad de un diálogo directo. Según declaraciones oficiales, se han implementado medidas de seguridad para garantizar el orden público y la libre circulación en las zonas afectadas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han reportado casos de violencia y represión durante las manifestaciones.
Mientras tanto, sectores sociales y políticos han expresado su preocupación por la prolongación del paro y sus consecuencias. Algunos analistas sugieren que la falta de diálogo podría agravar la situación y generar un mayor malestar entre la población. Por otro lado, hay quienes consideran que las protestas son una muestra del descontento generalizado con las políticas gubernamentales.
En el ámbito internacional, la comunidad regional ha seguido de cerca los acontecimientos en Ecuador. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado al Gobierno ecuatoriano a respetar los derechos fundamentales de los manifestantes y a buscar soluciones pacíficas al conflicto.
A medida que se acerca la fecha del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, la tensión política en el país continúa en aumento. El paro nacional ha desviado la atención de los temas electorales y ha generado incertidumbre sobre el desarrollo de los comicios. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro político y social de Ecuador.