El presidente Daniel Noboa anunció que, en caso de que gane el “SÍ” en la consulta popular, designará a Annabella Azín, Niels Olsen y la exfiscal Diana Salazar como las principales cartas del movimiento ADN para encabezar las listas de una eventual Asamblea Constituyente, y explicó que la propuesta busca acelerar reformas orientadas a combatir el crimen organizado y a reordenar el marco institucional del país,
El oficialismo presenta la iniciativa como una vía para otorgar legitimidad democrática a cambios que, según el Ejecutivo, son urgentes para la seguridad y el orden público. La reacción política se dividió de inmediato, pues el oficialismo defiende la elección de figuras con perfil público y reputación mediática, y la oposición y sectores ciudadanos expresan reservas sobre la independencia de los designados y la concentración de poder que implicaría una Constituyente impulsada por el Ejecutivo y ADN,
El anuncio de Diana Salazar, ex Fiscal General y actual embajadora de Ecuador en Argentina, como precandidata del partido Acción Democrática Nacional (ADN) para una posible asamblea constituyente, generó atención política inmediata, ya que su inclusión reafirmó la intención del Gobierno de centrar la propuesta de reforma constitucional en la seguridad y la justicia. Sus recientes declaraciones en foros públicos, particularmente en la plataforma digital Visionarias, ya habían esbozado su postura.
Salazar enfatizó que el nuevo texto constitucional debería establecer la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el terrorismo, el lavado de dinero y el crimen organizado, argumentando que la persistencia de tales delitos socava el orden social y la estabilidad económica del país.
Desde la oposición, la designación de Diana Salazar como figura del oficialismo para una eventual Asamblea Constituyente fue vista con escepticismo y preocupación, al interpretarse como una maniobra política de Daniel Noboa para legitimar su proyecto de concentración de poder bajo el discurso de la lucha contra el crimen. Dirigentes y analistas críticos sostuvieron que la exfiscal, quien en su momento enfrentó cuestionamientos por su inacción frente a decena de investigaciones, representaría más la continuidad de un modelo de justicia instrumentalizado que una verdadera renovación institucional. Además, advirtieron que su inclusión en las listas del movimiento ADN podría minar la independencia judicial y reducir el debate constitucional a una agenda punitiva, dejando de lado temas estructurales como la redistribución de poder, la equidad social y el fortalecimiento de la democracia participativa.