Los exoficiales militares que actuaron durante el gobierno de León Febres Cordero podrían enfrentar las penas más altas por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos contra integrantes de Alfaro Vive Carajo, luego de que la Fiscalía presentara sus alegatos finales. Este 18 de diciembre de 2025, la institución solicitó la condena máxima para seis militares en servicio pasivo procesados dentro del caso Vaca y otros, relacionado con hechos atribuidos a la antigua organización AVC.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que pidió al tribunal declarar culpables a los procesados por graves violaciones a los derechos humanos, consideradas crímenes de lesa humanidad, cometidas mediante el abuso del aparato estatal y el uso de su estructura institucional. La solicitud se realizó durante el undécimo día de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, donde el fiscal subrogante Carlos Alarcón expuso sus argumentos finales sobre hechos ocurridos entre 1984 y 1988.
Para Luis Eduardo P. R. y Juan Raúl V. V., la Fiscalía pidió seis años de prisión como autores mediatos de plagio con maltrato, detención ilegal, confinamiento, tortura y atentado contra el pudor. En el caso de Manuel Marcelo D. A., Mario Ricardo A. W. y Nelson Bolívar E. G., solicitó la misma pena por desaparición forzada, también considerada crimen de lesa humanidad. Respecto a Fernando Ignacio R. V., pidió cinco años de cárcel como autor directo de tortura. Las sanciones solicitadas corresponden al Código Penal de 1971, vigente en la época de los hechos.
La Fiscalía también recordó que la Ley de Reparación a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos establece la responsabilidad del Estado en casos documentados por la Comisión de la Verdad, entre ellos Vaca y otros. Debido a la falta de reparación previa, solicitó indemnizaciones económicas calculadas según el salario básico, la expectativa de vida y la edad de cada víctima al momento de los hechos.
Además, pidió que se reconozca la responsabilidad solidaria del Estado, que se publique la sentencia y que se realice un acto público de disculpas oficiales. Finalmente, solicitó garantías de no repetición, como capacitación permanente en las Fuerzas Armadas y un mecanismo de seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas de reparación.