El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, compareció el 5 de enero de 2026 ante el pleno de la Asamblea Nacional, en una sesión marcada por tensiones entre las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC). Su intervención giró en torno a la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien señaló presiones de un funcionario cercano a la Judicatura para favorecer a un narcotraficante serbio.
Godoy afirmó que tanto el oficialismo como el correísmo, que respaldaron su llegada al CJ, ahora buscan su destitución. Sus declaraciones provocaron reacciones inmediatas: el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, exigió ser recibido en el pleno para responder a las acusaciones en su contra, mientras que la legisladora correísta Viviana Veloz sostuvo que Godoy no aclaró las presiones denunciadas y, en cambio, amenazó a los 62 asambleístas de RC con allanamientos.
Durante la sesión, RC defendió el pedido de juicio político contra Godoy y solicitó que el Consejo de Administración Legislativa lo califique para enviarlo a la Comisión de Fiscalización, donde ADN y sus aliados tienen mayoría. ADN, por su parte, manifestó disposición de apoyar el proceso, señalando que preocupa la vinculación del caso Triple A en las acusaciones contra el presidente de la Judicatura.
Godoy explicó que la denuncia de Serrano surgió el 22 de noviembre de 2025, coincidiendo con audiencias del caso Triple A, en el que está involucrado el alcalde Álvarez, además de otros procesos como el de la excomandante Tanya Varela, el caso Synohidro y el magnicidio de Fernando Villavicencio. Según él, sectores políticos buscan dilatar las audiencias para garantizar impunidad.
El presidente del CJ responsabilizó a Álvarez y a la bancada correísta de cualquier riesgo contra su seguridad y la de su familia, asegurando que las acusaciones en su contra fueron montadas para frenar la audiencia del caso Triple A. También negó la existencia de pruebas sobre audios que lo vinculen con presiones al juez Serrano y recordó que él mismo puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades, solicitando la renuncia del funcionario implicado.
Godoy rechazó las acusaciones de conflictos de interés y defendió su gestión, señalando que se han sancionado a 26 funcionarios judiciales por actos que afectaron la institucionalidad. Además, negó que su esposa haya defendido al narcotraficante serbio, aclarando que renunció antes del inicio del proceso penal.
En su intervención, cuestionó la actuación del juez Serrano, indicando demoras en sentencias y recordando que su renuncia debía seguir un procedimiento administrativo para evitar riesgos en procesos sensibles. También denunció irregularidades en la administración anterior de Wilman Terán, como jubilaciones sin documentos y sentencias anuladas.
Godoy calificó como “calumnias” y “fakenews” las acusaciones en su contra, asegurando que el CJ no dicta sentencias ni dispone de la seguridad de jueces, función que corresponde a la Policía. Reiteró que enfrenta un linchamiento mediático y responsabilizó a sectores políticos de manipular la narrativa para buscar su destitución.
En conclusión, la comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea reflejó un escenario de alta confrontación política, con acusaciones cruzadas entre bloques legislativos, denuncias de presiones judiciales y la posibilidad de un juicio político que marcaría un nuevo capítulo en la crisis institucional de la Judicatura.
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