El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 273, con el cual se introducen cambios sustanciales en la normativa minera del país. La disposición establece una nueva fórmula para calcular las regalías que deben pagar las empresas, diferenciando según el tipo de minería y el mineral explotado, y elimina la posibilidad de descontar ciertos gastos en el caso del oro y la plata, lo que incrementará el aporte de los concesionarios al Estado. Para otros metales, como el cobre, se mantienen deducciones dependiendo de la escala del proyecto.
El decreto también habilita la cesión parcial de concesiones, lo que permitirá que las compañías transfieran porcentajes de sus áreas a otras interesadas, fomentando asociaciones y dinamizando la inversión. Asimismo, se simplifica el procedimiento para desalojar a mineros ilegales, al eliminar requisitos que antes resultaban impracticables y peligrosos para las empresas.
Otro aspecto relevante es que el Ministerio de Energía y Minas tendrá la facultad de revisar y modificar contratos mineros en cualquier etapa, lo que genera preocupación en el sector por la inseguridad jurídica que podría implicar. Además, se establece que quienes deseen comercializar minerales deberán registrarse obligatoriamente en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), acreditando un patrimonio mínimo de USD 400.000 en el caso de empresas y USD 250.000 para personas naturales.
Finalmente, el decreto contempla la posibilidad de declarar extinguida una concesión si, en un plazo de cuatro años, la empresa no obtiene los permisos necesarios o no presenta la documentación requerida, lo que ha generado inquietud en el sector debido a los frecuentes retrasos administrativos y sociales que afectan a la minería en Ecuador.
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