Luego de procesar las denuncias que presentaron los asambleístas del oficialismo, Sergio Peña y Jorge Chamba, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió a los dos legisladores del correísmo sin sueldo.
El CAL de la Asamblea Nacional ecuatoriana informó que se implementarían sanciones disciplinarias a los diputados Ronald González y Roberto Cuero, miembros del Movimiento Revolución Ciudadana (RC5).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 170 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, Cuero fue sancionado con una suspensión sin salario durante 30 días por haber cometido un «grave error administrativo».
La queja del legislador oficialista Sergio Peña fue la causa de la resolución. El CAL resolvió que Cuero hizo uso de expresiones insultantes y descalificadoras hacia Peña, y que también llevó a cabo una «conducta inapropiada» contra las Fuerzas Armadas.
La denuncia contenía pruebas de ofensas verbales que se habían propagado por las redes sociales. El incidente con los militares ocurrió en julio de 2024, pero se volvió viral a comienzos de febrero de este año.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, declaró que ser asambleísta conlleva responsabilidad tanto dentro como fuera de la institución. «En ninguna circunstancia toleraremos la intimidación, la amenaza o la agresión. «Los que intenten usar este puesto para situarse por encima de la ley se encontrarán con límites claros, siempre dentro del marco institucional», afirmó.
Por su parte, el asambleísta Ronal González fue apartada de sus funciones por 31 días sin remuneración. En esta ocasión, el CAL consideró la infracción como «muy grave» después de que Jorge Chamba, legislador de ADN, hiciera una denuncia.
El documento oficial indica que la conducta de González representa un «hecho reincidente» y una práctica sistemática que tiene un impacto negativo en el orden del parlamento y en la adecuada realización de las tareas legislativas. González había sido suspendido por 60 días en junio de 2025 después de haber recorrido las instalaciones de la Asamblea Nacional con un megáfono para proferir gritos ofensivos.
Caso guardado para Andrés Castillo
El CAL examinó el reclamo que la asambleísta Liliana Durán hizo contra Andrés Castillo en la misma fecha. No obstante, después de examinar las versiones de los involucrados y las pruebas, el organismo resolvió cerrar el caso.
De acuerdo con el informe, no se pudo comprobar ni demostrar la configuración de la falta disciplinaria que se alegó, asegurando de esta manera el debido proceso para Castillo, el legislador.