“¿Se los habíamos dicho o no?”, así fue la primera reacción del expresidente Rafael Correa, tras conocer el fallo del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, que dispuso la suspensión provisional, por nueve meses, del movimiento Revolución Ciudadana (RC5).
El magistrado admitió a trámite una demanda presentada por el fiscal General del Estado encargado, Leonardo Alarcón, dentro del caso denominado Caja Chica.
“¿Ya se convencieron de que estamos en dictadura? Noboa quiere ganar las elecciones sin oposición. Esa ha sido su vida: una trampa continua”, indicó Correa.
A puertas de las elecciones secciones del 14 de febrero de 2027, el Gobierno de Daniel Noboa concretó su plan en tan solo un mes y una semana, con el objetivo de evitar que la primera fuerza política del país participe de dicho comicios.
Esta estrategia política del oficialismo empezó el miércoles 28 de enero de este año, con el allanamiento a la excandidata presidencial de la RC, Luisa González, dentro de la investigación del caso Caja Chica.
Luego, el viernes 30 de enero, aparece el testimonio del exasambleísta Santiago Díaz, quien está privado de la libertad por una presunta violación a una menor de edad. Esta pieza fue clave para que el oficialismo utilice toda la estructura del Estado para impedir la actividad político electoral de la RC.
Después, el sábado 28 de febrero, se produjo el allanamiento a la sede de la RC, en Quito. El miércoles 4 de marzo se efectuó el pedido del fiscal Alarcón al TCE, el cual se concretó el viernes 6 de este mes, con la suspensión de la RC, por nueve meses. Todo cronológicamente planificado y en apenas un mes y una semana.
Para sustentar la medida, el juez Viteri se basó en el artículo 374 del Código de la Democracia, que permite sancionar a organizaciones políticas con multas o suspensiones de hasta 24 meses cuando exista un pedido del Fiscal General en el marco de investigaciones por lavado de activos que involucren directamente a un movimiento político.
Aclaró que la suspensión podrá levantarse de manera inmediata si la Fiscalía retira su solicitud o si la investigación que sustenta la denuncia concluye, es archivada o cesa por decisión fiscal.
Ahora, por nueves meses la Revolución Ciudadana no podrá participar en ninguna contienda electoral. Tampoco podrá registrar candidatos de cara a las elecciones locales del próximo año.
No es la primera vez que ocurre. La anterior fue durante el gobierno de Lenín Moreno cuando Gabriela Rivadeneira era secretaria ejecutiva de la extinta Alianza PAIS. Ahora ella es presidenta de la RC y le toca, por segunda ocasión, afrontar el mismo reto.
Desde el interior del correísmo ya hay contactos con otras tiendas políticas que podrían albergar a los candidatos de la RC.
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