Este martes 24 de marzo de 2026, Alexandra Villacís Parada incrementó la exigencia hacia los organismos estatales para que se ejecute la resolución de habeas data que le permite ocupar funciones en el sector público. La intención de Villacís radica en anular su impedimento legal para liderar la Presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ).
El conflicto, que desde febrero la apartó de la actividad política a causa de una presunta mora fiscal, cambió de rumbo mediante el dictamen de la jueza Viviana Pila. La autoridad judicial estableció que el SRI certificó que no existen deudas, disponiendo que el Ministerio del Trabajo realice la actualización de su plataforma en 24 horas, término que concluyó al mediodía de este martes 24 de marzo. “La apelación no frena ni suspende la sentencia; el cumplimiento es obligatorio“, resaltó Villacís.
Aunado a su reclamo ante el Gobierno, Villacís envió un oficio al CPCCS para que se “abstenga” de seguir con la designación de un reemplazo para su vocalía suplente. Por ahora, el Consejo de Participación evalúa una lista remitida por la Corte Nacional de Justicia, donde únicamente Mercedes Caicedo aprobó los requerimientos previos.
Bajo la perspectiva de Villacís, dar continuidad a dicho trámite el miércoles 25 de marzo, en la reunión del CPCCS, significaría transgredir un dictamen constitucional firme. “Se generarán responsabilidades institucionales si se consolidan situaciones jurídicas que contradicen el fallo”, indicó.
Finalmente, si se llega a formalizar su desbloqueo en los registros del Ministerio del Trabajo, la estructura de la Judicatura se modificaría profundamente. Conforme dicta la Constitución de la República, la entidad debe contar con la dirección del representante de la Corte Nacional de Justicia. Dado que Villacís es la vocal suplente de esa procedencia luego de que Mario Godoy fuera destituido, su titularización le otorgaría de forma directa el mando de la Función Judicial.