Con 83 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy, lunes 30 de marzo, el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional.
La norma fue calificada como urgente en materia económica, y se aprobó sobre la base del texto final sugerido por la Comisión de Desarrollo Económico.
Entre las disposiciones incorporadas consta el beneficio para aquellas familias que requieren un subsidio parcial y que pueden completar el financiamiento de su vivienda mediante un crédito.
La Ley también establece que, si una empresa o un privado realiza una donación destinada a construir viviendas, deberá existir previamente un convenio obligatorio con el ente rector de vivienda. Cuando el terreno sea del Estado, se mantiene el plazo de 90 días para que el ente rector entregue las escrituras públicas al beneficiario.
Además, la normativa crea un incentivo tributario para quienes donen viviendas de interés social o recursos económicos destinados a su financiamiento. Por ello, se incorpora una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno que permite a los contribuyentes acceder a una rebaja de hasta el 100% del valor donado en su Impuesto a la Renta, con un límite máximo del 30% del Impuesto Causado, sin derecho a devolución.
“Este beneficio aplicará tanto para la donación de viviendas que cubran el subsidio total del Estado (segmento 1) como para los aportes destinados al financiamiento parcial de viviendas (segmento 2)”, indicó el Legislativo.
Tras su aprobación, en la sesión del Pleno realizada hoy en Machala, El Oro, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, mencionó que actualmente 720.000 familias no cuentan con una vivienda digna.
“Esta Ley de vivienda social representa mucho más que una norma. Se trata de hacer justicia con quienes estuvieron en el olvido, de darles una mejor calidad de vida, fortalecer su estabilidad, su salud, su seguridad y, sobre todo, su futuro”, dijo la asambleísta de ADN, Valentina Centeno.
Mientras que el legislador de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, calificó como “un paquetazo inmobiliario al pueblo ecuatoriano” la norma aprobada, disfrazado de “vivienda social”.
“Esta ley pretende sancionar con la destitución a los alcaldes que se opongan a los proyectos de vivienda que, por decreto, determine el Presidente de la República, y establece una multa del 3% al presupuesto de las alcaldías; eso, en Quito, implica USD 10 millones menos”, indicó.
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