Israel aprueba la pena de muerte por ahorcamiento para condenados por asesinatos terroristas, en una medida respaldada por el gobierno y criticada por derechos humanos y la comunidad internacional.
La Knéset, el Parlamento israelí, aprobó este lunes 30 de marzo de 2026, una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para quienes cometan asesinatos terroristas. La medida ha provocado críticas de organizaciones de derechos humanos, que alertan que en la práctica se aplicará principalmente a palestinos y no a ciudadanos judío-israelíes.
La nueva normativa, aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga a los tribunales militares israelíes a imponer la pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, con algunas excepciones indefinidas. En cambio, los tribunales ordinarios que juzguen a ciudadanos israelíes podrán optar por la cadena perpetua y enfrentar condiciones adicionales para aplicar la pena máxima.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, participó en la votación y respaldó la reforma, promovida por el partido del ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir. La mayoría de los legisladores del Likud y casi todos los partidos de la coalición apoyaron la medida, mientras que la oposición y los partidos árabes votaron en contra.
Controversia y repercusiones internacionales
Tras aprobarse la reforma, la sesión se vio marcada por intervenciones emotivas y críticas intensas, mientras Ben Gvir intentaba celebrar con champán, un lanzamiento de misiles desde Irán hacia Tel Aviv recordó la tensión en la región. La ley establece que la ejecución deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días mediante ahorcamiento, con estrictas regulaciones sobre la detención del reo, supervisión de la ejecución y acceso restringido a familiares y autoridades.
Durante el debate, la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, criticó que la ley aplica la pena según la identidad del acusado y de la víctima, cuestionando si los colonos israelíes serían juzgados de la misma manera. Por su parte, Limor Son Har-Melej, diputada ultranacionalista promotora de la ley, defendió la medida como “un momento de justicia histórica” para las familias de víctimas de atentados, destacando que la pena de muerte es esencial para disuadir futuros ataques.
Críticas internacionales no se hicieron esperar, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, y la ONU y el Consejo de Europa también expresaron su desaprobación. Expertos legales, rabinos y activistas por los derechos humanos en Israel señalaron que la ley podría violar el derecho internacional y generar problemas legales para militares israelíes en el extranjero.
Históricamente, Israel solo había aplicado la pena de muerte en casos excepcionales, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, siendo Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, el único ejecutado en 1962. Con esta reforma, el país da un giro significativo en su legislación penal, generando preocupación sobre su aplicación y equidad.
El debate en la Knéset duró más de 10 horas y estuvo marcado por la fuerte división entre los legisladores, mientras que el resto de diputados siguió la sesión de manera telemática debido al estado de emergencia por la guerra, que limita el número de personas reunidas en interiores.
Funcionarios militares advirtieron repetidamente a los legisladores sobre los problemas que podría generar la ley, incluso después de suavizar su redacción, y señalaron que podría violar tratados internacionales. El rechazo también fue pronunciado por médicos, abogados y representantes de derechos humanos durante varias reuniones parlamentarias desde que la norma se aprobó en primera lectura en septiembre pasado.