La confrontación entre el movimiento Unidad Popular (Lista 2) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se intensificó este lunes, 30 de marzo de 2026. Luego de que el Pleno rechazara un recurso de corrección, la dirigencia de la organización política cuestionó la legalidad de la sesión y sostuvo que su personería jurídica permanece vigente, respaldada por los plazos legales para la presentación de pruebas de descargo.
Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, calificó la jornada como una “sesión con irregularidades”. El dirigente señaló que la decisión se adoptó con la intervención de consejeros suplentes y pidió que cualquier resolución definitiva sobre el futuro del movimiento sea analizada únicamente por los consejeros principales en una próxima sesión del Pleno.
Ante la incertidumbre provocada por la resolución administrativa, Atarihuana afirmó que el proceso continúa en fase de verificación. “No existe cancelación, sigue el proceso de prueba. Unidad Popular presentará dentro de los 10 días nuestra base de datos con 206 000 afiliados y nuestros argumentos jurídicos”, manifestó.
El número de adherentes constituye el eje central de la defensa de la Lista 2, pues pretende contradecir y dejar sin efecto el informe técnico del CNE que le atribuía 31 000 afiliados. De acuerdo con la normativa electoral, las organizaciones políticas disponen de un plazo de 10 días para entregar pruebas de descargo antes de que el organismo adopte una decisión definitiva sobre su extinción o permanencia en el registro electoral.
De forma paralela a la vía jurídica, Unidad Popular resolvió llevar el conflicto al ámbito social. La organización confirmó la convocatoria a una “Marcha Nacional sobre Quito” prevista para este miércoles, 1 de abril de 2026, con el propósito de denunciar lo que consideran decisiones arbitrarias y defender la participación política de su militancia frente a lo que califican como un intento de proscripción.
Finalmente, Atarihuana reiteró: “Insistimos que los consejeros principales deben ser quienes deben resolver”, además llamando a la vigilancia ciudadana sobre las actuaciones del ente rector del sufragio. Se prevé la llegada de delegaciones de distintas provincias a la capital a mediados de semana, lo que motivará operativos de control en el casco central de Quito para resguardar el orden público durante las protestas.