Este martes 12 de mayo, en el segundo día de la audiencia de juicio del caso Sinohydro, se produjo un episodio inesperado en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
Todo fue tras el receso de la audiencia, en donde Moreno se retiraba de la sala para realizar una terapia. Allí, la abogada de extrabajadores de la empresa china Sinohydro, Eily Cartagena, encaró al exmandatario, cuestionándole el por qué no recibió el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, en 2017, para que así la empresa pague impuestos y sus defendidos puedan cobrar sus utilidades.
Aquel momento se volvió tenso y confrontativo. Moreno respondió que no le correspondió a él y que al momento de pedir que se haga la revisión de la obra “se detectaron 17.000 fisuras”.
Ante ello, Cartagena respondió: “Caballero, a mí no me puede mentir, yo tengo el contrato. Esas fisuras, 17.000, no pueden contar dentro de una hidroeléctrica. Ya estuviera colapsado”.
Luego de ello, el momento se volvió más tenso cuando Moreno, ya muy serio, le pidió de favor a la jurista que no lo interrumpa. A lo que Cartagena respondió: “No me señale, que no somos iguales”.
Segundo después, Cartagena le volvió a preguntar a Moreno que por qué no recibió la obra. La respuesta del expresidente fue tajante: “No estaba bien hecha, así de simple”, y se marchó.
En ese momento, la abogada de los extrabajadores de Sinohydro le enfatizó: “Usted es el culpable de que no hayan cobrado mis clientes sus utilidades. Desgraciado”.
La jurista sostuvo que, al no concretarse la recepción del proyecto en el tiempo previsto, se afectaron procesos administrativos y financieros que habrían permitido el pago de impuestos y beneficios económicos a extrabajadores vinculados a Sinohydro.
Según su versión, los afectados llevan ya una década sin recibir esos recursos.
El expresidente Rafael Correa se pronunció sobre las supuestas 17.000 fisuras que tendría el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
«Primero fueron 7.000 microfisuras, y luego las subieron a más de 17.000. Sinohydro reconoció el problema y estaba dispuesto a resolverlo, arreglo que costaba de USD 14 a USD 65 millones -con garantía incluida- para una obra de USD 3.850 millones. Pero políticamente era más rentable no recibir la obra, ir a arbitraje y hacer «escándalo» contra el «correísmo»», indicó.
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