El pasado jueves 07 de mayo de este año, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) emitió las resoluciones 2581, 2582 y 2583 con las que otorgó un plazo de 10 días a Ecuador y Colombia para que desmonten las medidas arancelarias adoptadas por ambos países, y cuyo plazo vence este jueves 21 de este mes.
El organismo concluyó que las disposiciones adoptadas por Ecuador y Colombia vulneran el Acuerdo de Cartagena y afectan el libre comercio dentro de la comunidad andina.
El objetivo de la CAN es que ambas naciones revean las determinaciones de control aduanero que pasaron de un 30% a un 100% por parte de Ecuador y a un 75% por parte de Colombia. No obstante, el 04 de mayo, el gobierno de Daniel Noboa anunció que la denominada “tasa de seguridad” bajará al 75% desde el 01 de junio próximo.
Tras las resoluciones de la CAN, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó: “No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron”.
Mientras que la Cancillería de Ecuador, por su parte, informó a la prensa que la resolución está siendo analizada de forma coordinada con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Producción, el Servicio Nacional de Aduanas y otras instituciones competentes.
En ese entonces, a través de su cuenta de X, el exministro de Producción, Julio José Prado, señaló que, como una tercera posibilidad y más compleja, el país se niegue a cumplir la resolución, lo que podría derivar en sanciones y abrir incluso un debate político sobre la permanencia del país dentro del mecanismo de integración subregional.
Estimó que la disputa comercial ya habría ocasionado pérdidas cercanas a USD 200 millones en apenas tres meses y sostuvo que el conflicto pudo evitarse si el Ejecutivo ecuatoriano hubiera atendido las advertencias formuladas por gremios empresariales y expertos.
Además, la negativa de Ecuador podría activar un mecanismo de sanciones previsto en el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia (TAJ), con consecuencias comerciales reales para el país —y ya tiene un antecedente documentado contra el propio Ecuador.
El artículo 425 de la Constitución establece que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias, y el artículo 423 fija la integración latinoamericana como objetivo estratégico del Estado.
Bajo esa jerarquía —la pirámide de Kelsen— ningún decreto presidencial ni acuerdo ministerial puede estar por encima del Acuerdo de Cartagena.
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