El jueves 02 de julio, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea inició el proceso de fiscalización para investigar la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas.
La sesión de la mesa legislativa fue virtual y duró aproximadamente 15 minutos. Allí, sus integrantes avocaron conocimiento de la resolución adoptada por el Pleno el pasado 24 de junio de 2026, que dispuso investigar el destino del dinero.
El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, informó que solicitarán información y documentación a las entidades competentes, y convocará a comparecer a autoridades, representantes legales y demás actores relacionados con este caso.
Explicó que estas diligencias permitirán cumplir el plazo de 30 días establecido por el Pleno para presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
Según el texto de la resolución RL 2025-2029096, la comisión tiene la facultad de requerir documentación y disponer la presencia de autoridades, representantes legales y otros actores vinculados con los hechos.
Al término de este periodo, la mesa deberá presentar un informe con conclusiones y recomendaciones ante el Pleno de la Asamblea para que se adopten las resoluciones pertinentes.
La investigación del caso Progen busca rastrear cerca de 700 transferencias bancarias realizadas desde cuentas en Estados Unidos hacia una red de abogados, estudios jurídicos y empresas en Ecuador.
Esteban Torres, jefe de la bancada de ADN, aclaró que, aunque se busca identificar a los beneficiarios finales de estos movimientos, la información actual no señala directamente a exministros como Roberto Luque o Inés Manzano como receptores de esos fondos. “Ser nombrado no significa que exista alguna prueba material”, puntualizó Torres.
El pasado 26 de junio, la Comisión de Fiscalización, con el respaldo unánime de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), calificó el inicio del juicio político contra la exministra Inés Manzano, fundamentando un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la crisis energética y la firma de contratos con las empresas Progen y ATM, que habrían generado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente USD 180 millones.
Entre las pruebas de cargo más severas está la adquisición de motores del año 2016, descritos como “chatarra inservible”, por un valor de USD 71 millones.
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