El senador colombiano y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó en una rueda de prensa que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, estaría comprometiendo la soberanía del país antes de asumir oficialmente la Presidencia el próximo 7 de agosto de 2026.
Según Cepeda, el entorno político del futuro Gobierno estaría permitiendo una mayor injerencia de Estados Unidos en asuntos relacionados con la seguridad nacional, una situación que, a su criterio, afecta los intereses del Estado colombiano y resta legitimidad política y ética a la próxima administración.
El legislador también aseguró que ya existirían acciones dirigidas contra sectores de la oposición con respaldo de Washington. Como ejemplo mencionó la detención del creador de contenido Beto Coral, señalando, con base en investigaciones difundidas por el periodista Daniel Coronell, que el arresto habría sido impulsado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras una presunta solicitud del mandatario electo.
Además, Cepeda cuestionó la posición de De la Espriella respecto al tratamiento de los migrantes colombianos en territorio estadounidense, al considerar que mantiene una postura de subordinación frente a ese país.
Cuestionamientos a las medidas anunciadas
El senador advirtió que las acciones del Gobierno entrante representarían un riesgo para la democracia y los derechos humanos, al considerar que podrían utilizarse argumentos relacionados con la seguridad para emprender procesos judiciales contra organizaciones sociales y sectores críticos.
Frente a este escenario, anunció que la oposición recurrirá a mecanismos democráticos y de desobediencia civil pacífica, además de confirmar que no asistirá a la ceremonia de posesión presidencial.
Cepeda también recordó que días atrás cuestionó el anuncio del futuro Ejecutivo de eliminar la actual Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden para restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), organismo que, según señaló, acumula antecedentes por presuntas violaciones a los derechos humanos durante manifestaciones sociales.
Asimismo, expresó su preocupación por la propuesta de construir diez megacárceles administradas por reservistas militares, iniciativa que, en su opinión, implicaría una privatización y militarización del sistema penitenciario colombiano.
El congresista sostuvo que este tipo de medidas podrían contravenir el artículo 22A de la Constitución de Colombia, el cual prohíbe promover, organizar o financiar grupos civiles armados o redes privadas de seguridad. Finalmente, reiteró su llamado a la desobediencia civil pacífica e instó a organizaciones sociales, comunidades rurales y sectores urbanos a mantener una resistencia activa dentro del marco democrático.