La crisis económica que enfrentan los centros de diálisis privados en Ecuador pone en grave peligro a más de 17.000 pacientes renales que dependen de este tratamiento vital. La situación ha llegado a un punto crítico, ya que la falta de recursos y pagos impide la continuidad de los servicios esenciales para la supervivencia de los enfermos.
Una vez más, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador ha solicitado al Gobierno que inicie un diálogo efectivo para encontrar soluciones concretas a la deuda que mantienen las instituciones públicas con los centros privados. Estos centros de diálisis son responsables de atender al 88% de los pacientes que requieren terapia sustitutiva renal en el país.
El gremio señala que la falta de pagos ha forzado a los centros a adoptar diversas «estrategias de supervivencia». Sin embargo, destacan que suspender la atención de los pacientes no es una opción, ya que esto pondría en riesgo inmediato la vida de los mismos. Según sus estimaciones, la deuda pendiente con el Gobierno y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) asciende a unos 163 millones de dólares, producto de impagos correspondientes a varios meses de 2023 y 2024.
Achpe también resalta que sus miembros, junto a otros centros de diálisis, representan aproximadamente el 40% de las clínicas que brindan atención integral a los pacientes, no solo el tratamiento de diálisis. La directora de la asociación, Ana Delgado, hace un llamado urgente para que se establezca un mecanismo de pago que garantice la continuidad de los servicios médicos. A finales de enero de 2025, varios centros de diálisis se vieron obligados a suspender sus servicios debido a la falta de insumos.