El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió, en sesión celebrada hoy, abstenerse de analizar el Decreto Ejecutivo 148, firmado por el presidente Daniel Noboa, que proponía convocar una Asamblea Constituyente sin revisión previa de la Corte Constitucional. Antes del inicio de la sesión, el pleno del CNE fue notificado formalmente de la suspensión provisional del decreto, ordenada por la Corte Constitucional, tras la admisión de varias acciones de inconstitucionalidad.
La decisión del CNE se produce en medio de un creciente conflicto institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El presidente Noboa había enviado la convocatoria a consulta popular directamente al CNE, sin someter su contenido a revisión del tribunal constitucional, lo que generó críticas de diversos sectores políticos y sociales. Partidos de diferentes espectros ideológicos, como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, calificaron la medida de «golpe de Estado» y presentaron demandas contra el decreto.
En tiempo récord, la Corte Constitucional admitió las cinco acciones de inconstitucionalidad y, cerca a la medianoche de hoy, decidió suspender provisionalmente los efectos del Decreto 148. El Tribunal también rechazó la presión e intimidación recibida, reiterando su compromiso de proteger los derechos de los ecuatorianos y garantizar el respeto a la Constitución.
Ante esta decisión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no avanzar en el análisis del decreto, centrándose en otros asuntos administrativos, como los Decretos 147 y 149, que abordan los referendos sobre bases militares extranjeras y la financiación pública de los partidos políticos, respectivamente.
La suspensión del Decreto 148 representa un hito importante en la defensa del orden constitucional en el país, demostrando la actuación independiente del Tribunal Constitucional frente a los intentos de eludir los procedimientos legales establecidos.
Organizaciones sociales y ciudadanos también se movilizaron para protestar contra lo que consideran prácticas autoritarias del gobierno, convocando manifestaciones en varias ciudades del país. El movimiento busca reforzar la importancia de preservar las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
El panorama político se mantiene tenso, con expectativas sobre los próximos pasos del gobierno y la continuación del diálogo entre los distintos poderes del Estado. La sociedad ecuatoriana sigue de cerca la evolución de esta crisis institucional.