La Policía Judicial ha identificado que la organización criminal Los Choneros ejerce un fuerte control en tres cantones de Manabí: Puerto López, Olmedo y Junín. Según las investigaciones, la banda mantiene vigilancia sobre quienes ingresan y salen de estos territorios, con el fin de detectar posibles rivales y consolidar sus actividades ilícitas.
Los informes policiales señalan que en estas zonas se ha configurado una especie de gobernanza criminal, donde la capacidad operativa de la organización llega a igualar o incluso superar la presencia policial. La ausencia de grupos opositores ha permitido que Los Choneros mantengan bajos índices de homicidios, aunque esto genera una percepción engañosa de seguridad, ya que en paralelo se cometen delitos como extorsión, secuestro y despojo de propiedades.
Las condiciones sociales de estos cantones, caracterizados por su ruralidad y la falta de servicios básicos, han facilitado el avance de la estructura criminal. Por ejemplo, en Olmedo apenas el 19% de la población tiene acceso a agua potable. La Policía advierte que el deterioro del tejido social es aprovechado por las mafias para expandirse.
El problema se evidenció con mayor crudeza tras el asesinato de dos agentes de la Policía Judicial en Olmedo, en noviembre de 2025. Los uniformados fueron emboscados por un grupo armado que los superó en número y poder de fuego. Este hecho derivó en operativos que dejaron varios detenidos y la recuperación de las armas policiales.
En Junín, la violencia se manifestó con el hallazgo de un cuerpo desmembrado en septiembre de 2025, un crimen atribuido a la misma organización. Allí, según la PJ, el control estaría en manos de familiares de alias ‘Fito’ y de alias ‘Teniente’.
En Puerto López, las investigaciones revelan que los cabecillas alias ‘El Dormilón’ y alias ‘Guayaco’ lideran las operaciones, incluyendo extorsiones a pescadores y el monitoreo de visitantes para identificar posibles vínculos con bandas rivales.
La Policía Nacional ha anunciado el refuerzo de personal en la provincia, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de los habitantes, quienes en muchos casos temen denunciar por represalias.
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