Por: Marco Flores T.
El déficit global acumulado del Presupuesto General del Estado entre enero y octubre de 2025 asciende a –USD 3.142 millones, lo que representa un deterioro significativo frente al déficit de –USD 913 millones registrado en el mismo periodo de 2024. Esta evolución refleja no solo el incremento sostenido del gasto público, sino, fundamentalmente, el estancamiento de la ruta de expansión de la economía ecuatoriana, que limita severamente la generación de ingresos fiscales suficientes.
El déficit global del Presupuesto General del Estado corresponde a la diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales, incluidos los gastos por intereses de la deuda pública. Su magnitud expresa la necesidad efectiva de financiamiento del Estado y, por tanto, el volumen de endeudamiento requerido para cubrir su funcionamiento. Un déficit global creciente, como el observado hasta octubre de 2025, evidencia una estructura fiscal insostenible en ausencia de crecimiento económico real.
En el periodo analizado, los ingresos totales del PGE apenas aumentaron en USD 41 millones, mientras que los gastos totales se incrementaron en USD 2.271 millones, profundizando de manera acelerada el desequilibrio fiscal. En particular, la recaudación del IVA aumentó en USD 472 millones, impulsada por el incremento de la tarifa del 12 % al 15 %, lo que confirma que el mayor esfuerzo tributario recae directamente sobre el consumo de los hogares y no sobre una expansión de la actividad productiva.
Sin embargo, este incremento de ingresos no se ha traducido en una mejora estructural de las finanzas públicas. Por el contrario, el pago de intereses de la deuda pública aumentó en USD 501 millones, pasando de USD 2.884 millones a USD 3.385 millones en el mismo periodo. En términos prácticos, el aumento de la recaudación por IVA ha sido absorbido casi en su totalidad por el mayor costo del servicio de la deuda, sin generar espacio fiscal adicional para inversión o mejora de servicios.
El marcado deterioro del resultado global del PGE confirma que el problema fiscal del país no es coyuntural ni atribuible exclusivamente al nivel del gasto, sino al débil crecimiento económico, que impide ampliar de manera sostenible la base de ingresos.
En este contexto, el incremento del IVA y de los precios de los combustibles no ha servido para reducir el déficit ni para fortalecer la capacidad fiscal del Estado, sino para sostener un esquema de endeudamiento creciente. Como consecuencia directa de esta dinámica, se ha producido un deterioro sostenido en la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios públicos financiados por el PGE.
El aumento del gasto rígido y del servicio de la deuda ha desplazado recursos que deberían destinarse a salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social, generando servicios más deficientes, retrasos en pagos, menor inversión pública y una pérdida progresiva de la capacidad operativa del Estado.
El Presupuesto General del Estado, aun con un mayor esfuerzo tributario, no logra sostenerse con ingresos propios suficientes y depende de manera estructural del endeudamiento público. Sin crecimiento económico real, el ajuste fiscal se convierte en un círculo vicioso en el que los hogares pagan más impuestos mientras el Estado destina una proporción cada vez mayor de sus recursos al pago de intereses, sin resolver los problemas de fondo de la economía ecuatoriana.
Sin un Estado que especialmente impulse inversión productiva en fases de contracción privada, no hay gestión posible de la crisis ni salida sostenible del estancamiento económico.