Machala, provincia de El Oro, es ahora la ciudad escogida por el Pleno de la Asamblea Nacional para sesionar este lunes 30 de marzo, a las 10:00, y tratar en segundo debate el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional, calificado como urgente en materia económica.
El texto final de la norma, que tiene como objetivo incentivar la vivienda de interés social y reducir el déficit habitacional, se aprobó ayer, viernes 27 de marzo, con ocho votos a favor, en la Comisión de Desarrollo Económico.
Mediante esta iniciativa legal, el Gobierno busca establecer incentivos tributarios para promover la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales, especialmente dirigidas a los sectores más vulnerables del país.
El texto aprobado determina que las disposiciones serán de carácter especial y de orden público, aplicables en todo el territorio nacional, y precisa que la participación privada será complementaria, sin sustituir las obligaciones constitucionales del Estado en materia de hábitat y vivienda.
Se informó que, entre los principales cambios, se incorpora un mecanismo de rebaja del Impuesto a la Renta para quienes donen viviendas de interés social o recursos para su financiamiento.
“En el caso de donaciones que cubran el subsidio total del Estado para el primer segmento, los contribuyentes podrán acceder a una rebaja equivalente al 100% del valor donado, con un límite de hasta el 30% del impuesto causado”, indicó el Legislativo.
Además, se dispone que el ente rector de hábitat y vivienda elabore anualmente un catálogo de necesidades de vivienda de interés social, priorizando los territorios con mayores niveles de déficit habitacional y pobreza, con el fin de focalizar adecuadamente el beneficio.
La propuesta también contempla disposiciones para la evaluación anual del impacto fiscal y económico de la ley, así como la emisión de normativa secundaria por parte del Servicio de Rentas Internas y las autoridades competentes en un plazo máximo de 30 días.
Finalmente, se establece que este incentivo tributario tendrá carácter temporal y será aplicable a partir del ejercicio fiscal 2026, desde el día siguiente a su publicación en el Registro Oficial.
Para el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, dicha propuesta de ley no resuelve el déficit de vivienda y solo termina beneficiando a grandes inmobiliarias.
Indicó que la propuesta se centra en beneficios tributarios sin plantear soluciones reales, por lo que advirtió que no define plazos, inversión estatal ni mecanismos para enfrentar el déficit habitacional o la reconstrucción de viviendas afectadas, cuestionando que no responde a las necesidades de la ciudadanía.
Mientras que la legisladora Mariana Yumbay mencionó que esta norma favorecerá al círculo empresarial inmobiliario del presidente Daniel Noboa.
“Si bien es cierto, dicen ellos, van a construir las viviendas sociales, van a donar, pero ellos van a recuperar el 100% de lo invertido y de paso tienen la reducción del Impuesto a la Renta hasta el 30%, entonces, no hay nada de donación, no hay nada de beneficio al pueblo ecuatoriano”, indicó.
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