Para este sábado 06 de junio, a las 17:00, fue convocada la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para tratar el enjuiciamiento político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, por el caso Progen.
Tras ello, varios cuestionamientos surgieron al conocer que la sesión se realizará a través de la plataforma Zoom. Esto, por disposición del presidente de dicha mesa legislativa, el asambleísta oficialista Ferdinan Álvarez.
El punto único del orden del día establece avocar conocimiento y calificar, de ser procedente, la solicitud de juicio que fue calificada previamente por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) la noche del pasado 1 de junio de 2026.
El proceso llegó a la Comisión de Fiscalización tras la denuncia presentada por los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), Blasco Luna y Lenin Barreto, quienes acusan a Manzano de incumplimiento de funciones, por presuntas irregularidades detectadas en la contratación de los proyectos de generación eléctrica Salitral y Quevedo, adjudicados a la empresa estadounidense Progen por un monto de USD 149,1 millones.
La bancada de la RC demandó que esta sesión parlamentaria se ejecute de forma presencial, ya que advirtieron una falta de transparencia en el manejo del caso.
Dijeron que la evaluación de este grave proceso requiere el rigor del escrutinio físico y público en las instalaciones del Parlamento, evitando así posibles blindajes a través de pantallas.
“Este no es un tema cualquiera, hablamos de una crisis energética que sumió al país en apagones, de contratos cuestionados y de denuncias sobre adquisición de equipos que hoy son objeto de investigación pública”, señaló el bloque de la RC.
El avance de este proceso legislativo se desarrolla en paralelo a las revelaciones sobre la presunta coordinación entre autoridades del Gobierno y miembros de la Asamblea Nacional para evadir el primer intento de interpelación por los egresos millonarios en los contratos con la firma extranjera.
Los contratos en el caso Progen generaron un perjuicio directo al Estado superior a los USD 100 millones, afectando gravemente al sistema eléctrico nacional durante la crisis energética de 2024.
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