El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Juan Patricio Maldonado Benítez, convocó a Diana Atamaint a una audiencia oral única de pruebas y alegatos, prevista para el próximo lunes 27 de julio de 2026, a las 10:00, dentro de un proceso iniciado por una queja presentada por el partido Unidad Popular (UP).
La diligencia corresponde a la causa No. 086-2026-TCE, interpuesta por el director nacional de UP, Geovanni Atarihuana, quien acusa a Atamaint de presunto incumplimiento de normas legales y reglamentos electorales. La denuncia fue presentada ante el organismo electoral el pasado 8 de mayo.
El origen del conflicto se remonta a una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), impulsada y respaldada por Atamaint, que dispuso la eliminación de la personería jurídica de Unidad Popular bajo el argumento de que la organización política no cumplía con el número mínimo de afiliados requerido.
Sin embargo, posteriormente el TCE dejó sin efecto dicha resolución, permitiendo que el movimiento político conserve su reconocimiento legal y pueda participar en los próximos procesos electorales.
El pasado 20 de julio de 2026, Atamaint presentó su respuesta formal ante el Tribunal, solicitando que la queja sea declarada improcedente. Ese mismo día, también envió su renuncia como consejera del CNE al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), aunque el documento no especificó que se tratara de una dimisión con carácter irrevocable.
Posibles sanciones y desarrollo del proceso
Según el Código de la Democracia, una acción de queja contra consejeros del CNE no contempla sanciones como la destitución o la suspensión de derechos políticos; sin embargo, establece otras medidas, entre ellas multas que pueden ir desde uno hasta treinta salarios básicos unificados.
El juez Maldonado advirtió que, si Atamaint no asiste a la audiencia presencial en Quito y no presenta una justificación válida, el proceso continuará en su ausencia y se le asignará un defensor público. En cambio, si el denunciante no comparece, la causa podría ser declarada en abandono.
Además, el magistrado solicitó apoyo de la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante la audiencia en las instalaciones del TCE.
La resolución que emita el Tribunal podrá ser apelada ante el pleno de jueces electorales, cuya decisión será la última instancia dentro de este proceso.