El Pleno de la Asamblea Nacional se alista para debatir un crucial paquete de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Esta propuesta legal introduce modificaciones sustanciales en las reglas de juego para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, enfocándose en la reestructuración de las competencias de los legisladores locales y el endurecimiento de los mecanismos de control político para las máximas autoridades cantonales y provinciales.
El cambio más radical contemplado en el proyecto de reforma es la modificación del artículo 58 del Cootad para eliminar definitivamente el fuero de corte provincial del que gozan actualmente los concejales municipales y metropolitanos en ejercicio de sus funciones. Con esta supresión, los ediles perderán este beneficio de jurisdicción especial ante eventuales procesos judiciales, quedando en absoluta igualdad de condiciones frente a la justicia ordinaria por sus actuaciones u omisiones en el cargo.
Adicionalmente, el proyecto restringe su capacidad legislativa directa al retirarles la atribución de presentar de manera autónoma proyectos de ordenanzas cantonales, delegando esta facultad exclusivamente a otras instancias. A cambio de la reducción de estas facultades y privilegios, la propuesta busca profesionalizar y robustecer la labor fiscalizadora de los concejos, duplicando las obligaciones y deberes de los concejales de cuatro a ocho puntos específicos.
Por otra parte, el debate legislativo abordará la incorporación de nuevas causales de remoción dirigidas a alcaldes y prefectos. La comisión parlamentaria a cargo del informe descartó previamente una moción polémica que pretendía destituir a los dignatarios con base en un auto de llamamiento a juicio y una orden de prisión preventiva.
Sin embargo, la normativa mantiene un firme enfoque en la gestión de riesgos en territorio, estableciendo que será causal directa de remoción del cargo para alcaldes el autorizar asentamientos humanos o la construcción de infraestructuras habitacionales en áreas geográficas declaradas formalmente como zonas de alto riesgo sin la debida mitigación técnica.
Con este escenario de discusión, las reformas al Cootad abren un debate nacional en torno al equilibrio de poder en los gobiernos locales. Mientras los asambleístas buscan delimitar con mayor rigor la responsabilidad jurídica y administrativa de los funcionarios descentralizados, diversas voces de prefecturas y municipios del país siguen de cerca la evolución del trámite, alegando la necesidad de proteger la seguridad jurídica y asegurar la plena autonomía presupuestaria frente a las nuevas obligaciones propuestas.
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