Las denuncias por desaparición de personas continúan en aumento en Ecuador. Entre enero y junio de 2026 se reportaron 3.909 casos, lo que representa un incremento del 2,8 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 3.804 denuncias. Según cifras del Ministerio del Interior, este constituye el mayor número de reportes semestrales desde 2020.
El mes con más denuncias fue enero, con 715 casos, seguido de marzo con 688 y abril con 646. Hasta el 30 de junio de este año, 3.067 personas habían sido localizadas con vida, 197 fueron encontradas fallecidas y 645 continuaban desaparecidas.
Las provincias con mayor cantidad de reportes fueron Guayas, con 945 casos; Pichincha, con 913; y Manabí, con 255. También se registraron cifras importantes en El Oro (210), Azuay (189), Los Ríos (186), Chimborazo e Imbabura (134 cada una), Cotopaxi (122) y Tungurahua (118).
En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres representaron el 55,5 % de las denuncias, con 2.169 casos, mientras que los hombres sumaron 1.740. Sin embargo, entre las personas halladas sin vida predominan los hombres: de los 197 fallecidos, 178 eran de sexo masculino y 19 femenino, es decir, el 90,4 % de estos casos.
Crece la preocupación por la desaparición de menores
Uno de los aspectos que más inquieta es el incremento de desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Durante el primer semestre de 2026 se reportaron 2.143 casos de menores de edad desaparecidos. De ellos, 1.960 correspondieron a adolescentes y 183 a niños y niñas.
Al finalizar junio, 273 menores seguían sin ser localizados, una cifra que supera ampliamente los 115 registrados en el mismo período de 2025, lo que equivale a un aumento del 137 %.
Las adolescentes concentran la mayor parte de estos reportes. Del total de desapariciones de menores, 1.534 corresponden a mujeres adolescentes, principalmente entre los 14 y 16 años. Además, las estadísticas registran 186 casos de adultos mayores desaparecidos.
Quito concentra la mayoría de casos en Pichincha
En la provincia de Pichincha se registraron 913 denuncias por desaparición durante el primer semestre de 2026. De ese total, 823 ocurrieron en el Distrito Metropolitano de Quito, equivalente al 90,1 % de los casos provinciales.
En Pichincha, 818 personas fueron encontradas con vida, 50 permanecían desaparecidas y 45 fueron localizadas sin vida.
Dentro de Quito, la principal causa registrada fue la relacionada con motivos personales, con 470 casos, equivalente al 57,1 % del total. También se contabilizaron 121 desapariciones vinculadas a conflictos familiares, 33 asociadas a un posible delito y 79 catalogadas como desapariciones involuntarias. De estas últimas, 43 personas fueron encontradas fallecidas y 36 con vida.
Organizaciones cuestionan la respuesta del Estado
La problemática volvió a tomar relevancia tras varios casos recientes ocurridos en Quito, entre ellos los de Héctor Vinicio Rojas y Mónica Paulina Luzuriaga, funcionarios públicos que fueron reportados como desaparecidos y posteriormente encontrados sin vida. Asimismo, continúan las labores de búsqueda de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, desaparecida desde el 19 de julio, y de Pablo David Llanes Páramo, hijo del político Henry Llanes.
Lidia Rueda, representante de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), señaló que podría existir un subregistro, debido a que no todas las desapariciones llegan a ser denunciadas. En declaraciones a Radio Pichincha, manifestó que los recientes casos con desenlaces fatales evidencian la crisis de seguridad y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional.
Según indicó, es indispensable reforzar las acciones de prevención, contar con personal especializado, mejorar las técnicas de investigación y desarrollar políticas públicas que permitan atender este problema de manera efectiva.
Por su parte, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil considera que el Estado aún no ha dimensionado la magnitud de la problemática y cuestiona la falta de coordinación entre la Fiscalía, la Policía Nacional y las instituciones responsables de asistir a las familias de las personas desaparecidas.
Una normativa vigente con desafíos en su aplicación
Desde 2020, Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, normativa que creó el Sistema Nacional de Búsqueda y dispone que toda denuncia active de forma inmediata un proceso de búsqueda especializada, permanente y coordinada.
La ley también contempla atención psicológica, jurídica y social para los familiares, así como la actualización constante del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la articulación entre las instituciones competentes.
No obstante, organizaciones de derechos humanos sostienen que, pese a la existencia de este marco legal, varias de sus disposiciones aún no se implementan de manera oportuna, lo que limita la efectividad de la respuesta estatal frente a estos casos.