El viernes 31 de julio, el juez José Sebastián Cornejo rechazó la demanda de recusación presentada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en contra del magistrado anticorrupción Jairo García.
Dicha resolución se dictó en la Unidad Judicial Especializada en Delitos Corrupción y Crimen Organizado, y ratifica la competencia de García en el caso Goleada, donde se procesa a 27 implicados por el presunto delito de lavado de activos, al determinar que no se presentaron pruebas legales suficientes para apartar al magistrado del proceso.
El juez Cornejo fundamentó su resolución señalando que la defensa de Alvarez no logró acreditar la causal de recusación prevista en el numeral 6 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Dicha normativa se refiere a la posibilidad de que un juez haya: “fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella”.
Tras ello, Cornejo ratificó la “plena competencia jurisdiccional” de Jairo García, subrayando que no se demostró ninguna circunstancia objetiva que comprometiera su independencia, imparcialidad o idoneidad constitucional para seguir conociendo la causa.
Para la defensa de Alvarez, la imparcialidad del juez García estaba comprometida debido a que el magistrado ya actuó como juez de garantías en el caso Triple A.
El abogado Julio Cueva, del equipo técnico del burgomaestre, mencionó que ser juzgado por un juez imparcial constituye una de las garantías esenciales del debido proceso en un Estado constitucional de derecho. Acotó que, sin independencia e imparcialidad judicial, el juicio deja de ser un mecanismo de justicia para convertirse en una simple formalidad.
“La recusación, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, es el mecanismo procesal idóneo para apartar, por las vías legales, a un juez respecto del cual existan razones objetivas que hagan presumir la pérdida de su imparcialidad (…) En este caso, el juez cuestionado ha dado demasiadas muestras que alimentan serias dudas sobre su imparcialidad. Y el sistema, lamentablemente, también ha dado demasiadas muestras de no estar funcionando como debería; más aún, de encontrarse contaminado”, subrayó.
Ahora, con la ratificación de García, el magistrado queda habilitado para presidir la audiencia preparatoria de juicio programada para este lunes 3 de agosto de 2026. En esta diligencia, la Fiscalía tiene previsto solicitar que se llame a juicio al alcalde, a miembros de su familia y a diversas empresas por el delito de lavado de activos, en un proceso que involucra a un total de 17 personas naturales y nueve jurídicas.
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