El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue condenado a tres años de prisión por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente dentro del denominado Caso Grillete. La resolución judicial fue emitida tras acusaciones sobre una supuesta manipulación e inobservancia en el uso del dispositivo de vigilancia electrónica asignado al burgomaestre.
Frente al fallo, la defensa técnica liderada por el Dr. Julio Cueva expuso lo que denominó un «razonamiento probatorio a la criolla», denunciando una inversión en la carga de la prueba. Cueva señaló que la Fiscalía no probó una conducta intencional ni la remoción del equipo, mientras que testimonios policiales y reportes del SNAI acreditaron que el dispositivo presentaba fallas, vetustez y falta de mantenimiento, trasladando ilegalmente al procesado la obligación de demostrar su inocencia.
Asimismo, Cueva enfatizó que el caso sigue el mismo libreto de otros procesos con connotación política, caracterizado por una celeridad extraordinaria en la fijación de audiencias y resoluciones redactadas sin sustento técnico. A este criterio se sumó el abogado Ramiro García, quien sostuvo que la condena busca sostener mediáticamente una persecución judicial ante la falta de elementos en otras causas.
Por su parte, el asambleísta Raúl Chávez cuestionó la actuación del sistema de justicia al señalar que se buscó una condena apresurada omitiendo que técnicos del SNAI admitieron el mal estado del brazalete. Chávez afirmó que el fallo responde a presiones gubernamentales sobre jueces y fiscales para obtener un titular de prensa.
Finalmente, el abogado Joffre Campaña Mora calificó la sentencia como una «barbaridad jurídica», recordando que Alvarez permanecía en su domicilio al momento del allanamiento sin intención de fugarse. Campaña concluyó que imponer la pena máxima en estas condiciones evidencia una justicia servil al poder político que vulnera el debido proceso y la Constitución.
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