La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) modificó y flexibilizó las condiciones de contratación y pago que permitieron entregar USD 104,4 millones a la empresa Progen, pese a que los equipos adquiridos no llegaron a generar electricidad. Mientras tanto, la investigación penal se concentra principalmente en funcionarios técnicos y mandos medios, sin que las principales autoridades políticas estén procesadas.
El denominado Caso Apagón, también conocido como Caso Progen, reveló una presunta trama de peculado que habría provocado uno de los mayores perjuicios para el sistema eléctrico ecuatoriano. El daño económico asciende a aproximadamente USD 104,4 millones, correspondientes a la compra de generadores de emergencia que hasta el momento no han producido energía.
Aunque la Fiscalía General del Estado ha ampliado la investigación e incrementado el número de procesados a 31 personas, persisten cuestionamientos sobre el alcance de las responsabilidades. Las acciones judiciales se han dirigido principalmente contra técnicos, funcionarios de carrera, administradores de contratos y mandos medios, mientras que las autoridades que habrían participado en las decisiones políticas y en la centralización de los procesos de contratación no enfrentan, por ahora, cargos dentro de esta causa.
La eliminación de garantías y los pagos realizados en el extranjero
El origen de este caso se remonta a agosto de 2024, cuando Celec EP firmó dos contratos de emergencia con la empresa estadounidense Progen Industries LLC, por un monto total de USD 149,1 millones. Los acuerdos contemplaban la instalación de generación eléctrica en las centrales de Salitral y Quevedo.
Uno de los elementos centrales de la investigación está relacionado con la decisión de Progen de renunciar al anticipo establecido por la normativa, equivalente al 30% del valor de los contratos. Según la teoría de la Fiscalía, esta decisión habría permitido evitar la obligación de presentar garantías bancarias relacionadas con el cumplimiento del contrato y el correcto uso de los recursos públicos.
Posteriormente, varios funcionarios de Celec y del Ministerio de Energía habrían aprobado contratos con mecanismos de pago que, según la investigación, redujeron las garantías destinadas a proteger los recursos estatales.
Como alternativa al anticipo tradicional, se creó el denominado “Hito 1”, mediante el cual se estableció que el Estado podía pagar el 70% del valor de los contratos directamente en el extranjero.
Estos pagos no quedaron condicionados a la llegada de los equipos al país, su instalación o la comprobación de que los generadores funcionaban correctamente. Para acceder a los desembolsos, bastaba con presentar documentos relacionados con el envío de los equipos y reportes de inspecciones visuales realizadas en las fábricas de Estados Unidos.
De esta manera, no se exigió una comprobación técnica que demostrara el funcionamiento de los generadores en Ecuador antes de realizar los pagos.
Prórrogas, retrasos y equipos que no cumplían las condiciones
Bajo estas condiciones, se transfirieron USD 104,4 millones a Progen Industries LLC, a una cuenta bancaria en Estados Unidos, como parte de los contratos destinados a las centrales de Salitral y Quevedo.
En el caso de la central Salitral, cuyo contrato ascendía a USD 99,4 millones, el entonces administrador Marlon Casilla rechazó inicialmente conceder una extensión de 55 días a la empresa, al considerar que no existían suficientes argumentos técnicos para justificarla.
Sin embargo, después de su salida, el nuevo administrador del contrato, Rommel Calderón, solicitó un pronunciamiento jurídico a la subgerenta jurídica de Termopichincha, Daniela Piedad Gordillo.
Tras recibir un informe favorable, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó dos extensiones que, en conjunto, sumaron 57 días.
Estas prórrogas permitieron que Progen recibiera USD 69,58 millones correspondientes al Hito 1 el 1 de octubre de 2024. No obstante, cuando concluyó el plazo acumulado del contrato, el 27 de febrero de 2025, el proyecto no registraba avances y ninguno de los generadores estaba funcionando.
En Quevedo, donde el contrato tenía un valor de USD 49,7 millones, el administrador José Luis Sampietro modificó la fecha de inicio del contrato y posteriormente recomendó dos extensiones que sumaron 35 días, argumentando que la empresa había sido afectada por los huracanes Helene y Milton.
Según el expediente, estas prórrogas se otorgaron sin que Progen presentara documentos suficientes que demostraran las afectaciones provocadas por los fenómenos naturales.
Posteriormente, pese a que el contrato principal ya había concluido, se firmó de manera posterior un contrato complementario que otorgó 62 días adicionales a la empresa y evitó la aplicación inmediata de multas por retrasos. Además, el pago correspondiente al 70% del contrato fue dividido en cinco desembolsos semanales de aproximadamente USD 6,9 millones.
Obstáculos durante la inspección de los equipos
Según las investigaciones, uno de los hechos relevantes ocurrió en septiembre de 2024, durante una visita de técnicos de Celec a bodegas ubicadas en Houston, Estados Unidos.
El expediente señala a José Walther Manrique Suárez, gerente de la empresa Astrobryxa S.A., subcontratista local de Progen, como una de las personas involucradas en impedir una revisión completa de los equipos.
Durante la inspección, Manrique Suárez habría utilizado el nombre de “Walter Suárez”. De acuerdo con testimonios recogidos dentro del proceso, junto con Karla Saud Calero, entonces vinculada a Progen, habría impedido físicamente que los técnicos ecuatorianos revisaran de manera detallada los generadores.
Los ingenieros intentaron retirar los materiales protectores de los equipos para fotografiarlos y revisar sus placas y números de identificación, pero la inspección habría sido obstaculizada.
Esta situación habría impedido detectar oportunamente que algunos de los equipos eran usados o habían sido reacondicionados.
Motores antiguos, incompatibilidad y presuntas alteraciones
Los contratos establecían que Progen debía entregar generadores nuevos y con años de fabricación recientes. Sin embargo, posteriores peritajes técnicos y auditorías realizadas por la Contraloría detectaron varias irregularidades.
Entre los principales hallazgos constan:
Motores antiguos: Las investigaciones determinaron que algunos equipos correspondían a modelos fabricados en 2009 y 2019. Además, el fabricante Electro Motive Diesel (EMD) habría confirmado que estos modelos dejaron de producirse en esos años, lo que impediría que existieran unidades nuevas fabricadas en 2023 o 2024.
Problemas con el combustible: Según la información recopilada durante la investigación, los motores no estarían diseñados para funcionar con el combustible pesado exigido en las especificaciones técnicas ecuatorianas.
Posibles alteraciones en placas y números de serie: Los informes periciales habrían encontrado placas modificadas, números de identificación superpuestos y registros que presentaban inconsistencias sobre el origen y la historia de los equipos.
Menor eficiencia: El material fotográfico incorporado al expediente revelaría diferencias en el factor de potencia de los generadores, lo que podría afectar su rendimiento y provocar pérdidas de energía.
Las investigaciones se concentran en técnicos y mandos medios
A pesar de que las decisiones relacionadas con estos contratos habrían involucrado a diferentes niveles de la administración pública, la mayoría de los procesados pertenecen a áreas técnicas y administrativas.
Las defensas de varios funcionarios cuestionan que las medidas cautelares y las acusaciones por presunto peculado se concentren en los niveles intermedios y operativos de las instituciones.
Uno de los casos mencionados es el de José Xavier Aimara Guaita, exdirector de Planificación de Celec, quien fue vinculado al proceso bajo la acusación de haber ejercido presión para que se declarara una emergencia que posteriormente permitió realizar las contrataciones.
Su defensa sostiene, sin embargo, que su participación fue exclusivamente técnica y que no tenía facultades para tomar decisiones políticas ni administrar recursos públicos.
Mientras tanto, otros funcionarios que participaron en la elaboración y legalización de los documentos relacionados con la declaratoria de emergencia no han sido incluidos, hasta ahora, en el proceso penal.
Entre los principales grupos de funcionarios procesados se encuentran los subgerentes jurídicos de Termopichincha, exadministradores de los contratos y miembros de los comités técnicos y de mercado, quienes participaron en la elaboración de informes, revisiones documentales y procesos administrativos.
Las responsabilidades de las autoridades políticas siguen bajo cuestionamiento
Mientras aumenta el número de técnicos y funcionarios procesados, todavía existen interrogantes sobre la responsabilidad de las principales autoridades del Ministerio de Energía.
Durante una audiencia realizada el 24 de agosto de 2026, la Fiscalía presentó un memorando firmado el 23 de abril de 2024 por el entonces ministro Roberto Luque.
Según el documento, los procesos de contratación relacionados con la generación eléctrica de emergencia debían ser revisados previamente por su coordinador jurídico de confianza, José Manuel de Oliveira, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Pese a haber firmado la disposición que centralizaba la revisión de estos procesos de contratación, el exministro Roberto Luque no figura entre los procesados en esta causa.
Las investigaciones y cuestionamientos continúan mientras el proceso penal mantiene su enfoque en funcionarios técnicos, administradores y mandos medios, pese a que varias de las decisiones que permitieron el desarrollo de las contrataciones habrían involucrado a niveles superiores de la administración pública.
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