El abogado penalista Diego Guarderas, defensor de Luisa González, dio a conocer que existirían graves inconsistencias procesales en el caso de la excandidata presidencial, así como una marcada selectividad por parte de la justicia ecuatoriana.
González fue detenida el jueves 22 de octubre, tras un allanamiento realizado por Fiscalía y la Policía Nacional en vivienda ubicada en Canuto, Chone, provincia de Manabí. Tras la audiencia de formulación de cargos, ayer, el juez dictó prisión preventiva para la expresidenciable y otras dos personas dentro del caso Laberinto, que investiga un presunto lavado de activos.
Una de esas inconsistencias es sobre los montos manejados por las autoridades, en el que el jurista precisa que la narrativa inicial pasó de USD 6.000 a variadas cifras del Gobierno de USD 500.000 y USD 700.000, mientras que el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dice en realidad el ingreso y salida de aproximadamente USD 204.000.
Ante ello, Guarderas enfatizó que los informes de la UAFE son puramente orientativos y no concluyentes ni periciales.
En la entrevista para CNN, el abogado cuestionó la selectividad institucional al señalar que el organismo electoral halló inconsistencias por USD 408.061,81 en la campaña del partido de Gobierno (ADN) sin que se haya abierto una sola investigación previa o denuncia al respecto.
En el plano procesal, Guarderas denunció que la detención con fines de formulación de cargos y la posterior audiencia se dieron en un marco de ilegalidad por falta de competencia de los jueces de primer nivel.
La defensa catalogó este procedimiento como una detención ilegal, argumentó que fue expuesto en la audiencia, pero desestimado por el juez.
De igual forma, el abogado reveló que a González solo se le notificó de los cargos media hora antes de instalarse la audiencia, impidiendo una preparación adecuada con su equipo legal.
Sobre el lugar de reclusión, Guarderas solicitó al juez de garantías penales fijar un centro de detención en Quito para asegurar la cercanía de la procesada con su hijo menor de 12 años y su padre con enfermedad renal, pedido que fue acogido judicialmente.
Pese a dicha disposición judicial, la autoridad administrativa decidió realizar el traslado de González fuera de la capital.
En horas de la noche de ayer, un helicóptero llevó a González a Latacunga y desde allí fue trasladada vía terrestre hacia un centro penitenciario en Riobamba, ubicado a cuatro horas de Quito, para cumplir la orden de encarcelamiento preventivo.
La medida privativa de libertad fue dictada en el marco de una instrucción fiscal de 90 días por un presunto delito de lavado de activos, donde la Fiscalía indaga el supuesto uso ilícito de USD 500 000 en la campaña electoral de 2023.
El expediente judicial incluye además a Santiago Díaz y Wendy Onofre, mientras que González ha rechazado los cargos argumentando ser víctima de persecución política.
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