Mujeres peruanas víctimas de esterilizaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) han recibido como «un balde de agua helada» el reciente archivo de su caso debido a una ley promovida por el fujimorismo, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002.
Indicaron que la decisión de la Fiscalía peruana de archivar, por prescripción, la investigación sobre las esterilizaciones forzadas de más de 4.000 mujeres, a pesar de concluir que tiene todos los componentes para ser crimen de lesa humanidad, contraviene los estándares interamericanos que prohíben utilizar esta figura como obstáculo para investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos.
En rueda de prensa celebrada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), varias denunciantes y los abogados que las acompañaron durante décadas, expresar su dolor y rabia por el archivo del caso.
Anunciaron que impugnarán la resolución fiscal y buscarán que el Fiscal Superior ordene su revocatoria definitiva. Además, llevarán esta decisión fiscal ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«A todas las peruanas afectadas, la noticia nos ha caído como un balde de agua helada, no se imaginan ustedes cómo nos hemos sentido al escuchar que han archivado nuestros casos», dijo Dionicia Calderón, de la Asociación de Personas Afectadas por Esterilización Forzada Los Morochucos, del departamento de Ayacucho.
Calderón, campesina en la región andina de Ayacucho, es una de las 4.172 personas que, según recoge el expediente con las denuncias, fueron sometidas de manera forzada, sin el debido consentimiento previo, a ligaduras de trompas o vasectomía, como parte de la aplicación de ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’.
Entre los imputados en la investigación está el expresidente Fujimori, quien falleció en 2024, y varios exministros del padre de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, entre ellos el actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.
“Yo quiero justicia, justicia verdadera. Rechazamos esas leyes que no nos favorecen a nosotras. Impugnaremos”, expresó Calderón.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil representantes de las víctimas en el caso Celia Ramos vs. Perú recordaron que en este caso quedó probado, ante el mayor tribunal de derechos humanos de la región, que las esterilizaciones forzadas no fueron un error médico sino una grave violación de derechos humanos y que, por tanto, no podrían ser objeto de leyes de amnistía o prescripción.
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