Durante la emergencia eléctrica de 2024, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) entregó USD 104,37 millones en anticipos a la empresa estadounidense Progen para la ejecución de los contratos de generación térmica en Quevedo y El Salitral. Sin embargo, los proyectos no cumplieron con el objetivo previsto. De acuerdo con el proceso civil que se desarrolla en Estados Unidos, una parte de esos recursos fue transferida a distintas empresas nacionales e internacionales que participaron como subcontratistas en las diferentes etapas de los proyectos.
Un análisis de los balances financieros correspondientes a 2024 y 2025, registrados en la Superintendencia de Compañías, permite conocer la situación económica de las empresas ecuatorianas que recibieron o canalizaron dinero relacionado con los contratos entre Celec y Progen. Entre las compañías identificadas están Astrobryxa S.A., Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A., Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A., Constructora Nomur, Constructora Raíces Altavedi, Soluenergy Soluciones Energéticas, AP Inspections Latinoamérica y Taxia.
La revisión de los registros financieros evidencia diferencias entre los montos que algunas de estas empresas recibieron por los contratos eléctricos y los ingresos que declararon ante las autoridades tributarias y societarias. Uno de los casos señalados es el de Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A., que recibió transferencias superiores a USD 3 millones, pero reportó cero dólares en ingresos operacionales y ventas gravables durante los ejercicios económicos de 2024 y 2025. Una situación similar se identificó en Soluenergy S.A., que también declaró cero ingresos operacionales.
Además, el análisis identificó que compañías como Astrobryxa y Lightblue registraron una parte importante de sus pasivos bajo la figura de préstamos de accionistas sin intereses. Según auditores especializados consultados por Radio Pichincha, este mecanismo podría utilizarse para registrar movimientos de capital sin que necesariamente aparezcan como ingresos provenientes de actividades comerciales o servicios gravables.
El rastreo financiero y bancario relacionado con el proceso judicial que se tramita en la Corte Federal del Distrito Medio de Florida y las investigaciones penales en Ecuador señala que Celec transfirió los USD 104,37 millones en anticipos a una cuenta corporativa de Progen en Regions Bank, en Estados Unidos. Desde allí, los recursos fueron distribuidos hacia cuentas en Bank of America y entidades financieras ecuatorianas, entre ellas Banco Pichincha y Banco del Austro. No obstante, los movimientos de dinero identificados no coinciden en todos los casos con los registros contables presentados por las compañías receptoras.
Entre las empresas que recibieron estos recursos está Gestores Inmobiliarios Lightblue, administrada por los empresarios José Walther Manrique y Karla Saud Calero. La compañía recibió directamente más de USD 3 millones desde una cuenta de Progen. Pese a esas transferencias, sus declaraciones ante la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI) reflejaron cero dólares en ingresos operacionales y cero dólares en ventas gravables durante 2024 y 2025.
Auditores consultados por el medio señalaron que los recursos de Lightblue fueron registrados en sus activos bajo el concepto de obras en construcción, por USD 869.565. También identificaron USD 823.528 en honorarios profesionales y pasivos con sus propios accionistas. Según los especialistas, estos registros habrían permitido manejar los recursos sin declararlos como ingresos por servicios comerciales o eléctricos.
Otra compañía que recibió recursos internacionales fue Soluenergy Soluciones Energéticas S.A., vinculada al Consorcio Soluenergy. Sin embargo, sus balances correspondientes a 2024 y 2025 reflejaron un capital social de USD 800 y cero dólares en ingresos, costos y gastos. Los registros oficiales muestran que estas cifras se mantuvieron sin variaciones durante los dos ejercicios económicos analizados.
Por su parte, Astrobryxa S.A., considerada la principal subcontratista de Progen, pertenece a José Walther Manrique y Karla Saud Calero. Desde su cuenta en Bank of America se realizaron 776 transacciones salientes dirigidas a proveedores y personas naturales. En sus balances, la compañía declaró ingresos por USD 7,86 millones en 2024, mientras que en 2025 sus ventas reportadas disminuyeron a USD 3,52 millones.
Ante esta reducción, la empresa registró USD 632.010 en activos correspondientes a crédito tributario de IVA, un rubro que pasó a representar un componente importante de su patrimonio. Los resultados financieros también reflejaron un cambio en su situación económica: mientras en 2024 obtuvo una utilidad de USD 45.474, en 2025 registró una pérdida neta de USD 246.245.
Uno de los mecanismos identificados en los balances de Astrobryxa y Lightblue fue el registro de préstamos de accionistas sin intereses. Se trata de obligaciones financieras que una compañía mantiene con sus propios socios o propietarios, sin que exista el pago de intereses por los recursos recibidos. Según los auditores especializados consultados por Radio Pichincha, esta figura puede permitir que ingrese dinero a los balances sin registrarlo como ingresos gravables y también facilitar el retiro de capitales sin que se generen determinados pagos tributarios.
En 2024, Astrobryxa registró pasivos por USD 1,16 millones. De ese monto, USD 1,08 millones, equivalentes al 93 %, correspondían a préstamos concedidos por sus accionistas Karla Saud Calero y Walther Manrique Suárez. En ese mismo ejercicio, la compañía tenía un patrimonio de apenas USD 46.751. Para 2025, mantuvo USD 361.590 en préstamos de accionistas, mientras que su patrimonio se ubicó en USD 599.494. Para ese período, Manrique y Saud Calero ya se habían radicado en España.
En el caso de Lightblue, durante 2025 sus pasivos alcanzaron USD 1,22 millones. De esa cantidad, USD 1,17 millones, que representan el 95,8 %, figuraban como préstamos no corrientes de sus accionistas. De esta manera, los socios aparecían como principales acreedores de una compañía que no reportó actividad comercial mediante ingresos operacionales.
Otra de las empresas vinculadas es Inycofyi, administrada por Fabián Yar Imbaja. En 2025, la compañía incorporó USD 1,12 millones en préstamos no corrientes de socios y partes relacionadas. Además, registró USD 8,19 millones en cuentas por cobrar, equivalentes al 82 % de sus activos totales. De ese monto, el 61 % estaba concentrado en la empresa relacionada Shaya Ecuador S.A., lo que evidencia la existencia de obligaciones financieras entre compañías vinculadas.
Inycofyi se dedica a actividades de ingeniería civil y construcción. Según la documentación del proceso judicial en Estados Unidos, Progen firmó un contrato directo con esta empresa para que asumiera la ejecución de las obras civiles y la infraestructura de los terrenos donde se instalarían los proyectos en Ecuador. El acuerdo también establecía que la compañía debía encargarse de gestionar las garantías y pólizas contractuales correspondientes en el país.
En cuanto al desempeño financiero de las ocho empresas ecuatorianas identificadas, Astrobryxa tuvo un papel central como subcontratista de Progen para los trabajos de ingeniería, diseño y ejecución de obras civiles en Quevedo y El Salitral. También habría gestionado certificados de experiencia con antecedentes adulterados y funcionado como intermediaria en la distribución de recursos recibidos desde Progen, mediante las 776 transferencias realizadas desde su cuenta en Bank of America. De acuerdo con los balances de la Superintendencia de Compañías, en 2024 registró ingresos por USD 7,86 millones y una utilidad de USD 45.474. En 2025, sus ingresos bajaron a USD 3,52 millones y terminó el ejercicio con una pérdida neta de USD 246.245.
Inycofyi, por su parte, estuvo a cargo de trabajos de nivelación de terrenos y cimentaciones valorados en más de USD 40 millones. En 2024, sus activos alcanzaron USD 7,27 millones, sus pasivos USD 5,24 millones y su patrimonio USD 2,02 millones. Durante ese año reportó ingresos por USD 12,20 millones y una utilidad de USD 1,10 millones. En 2025, sus ingresos disminuyeron a USD 9,34 millones y su utilidad neta fue de USD 244.027, cifras inferiores a las registradas durante el año en que se adjudicaron los contratos eléctricos.
Gestores Inmobiliarios Lightblue, vinculada a Manrique y Saud Calero, reportó cero dólares en ventas y una utilidad de USD 6.257 en 2024. Para 2025, mantuvo los ingresos operacionales en cero dólares, pero registró gastos por USD 838.805, de los cuales USD 823.528 correspondieron a honorarios profesionales. Pese a esos gastos, la compañía declaró una utilidad de apenas USD 4.512.
La Constructora Nomur fue subcontratada para ejecutar trabajos de drenaje y preparación del suelo en los proyectos eléctricos. Sus balances muestran que en 2024 obtuvo una utilidad neta de USD 19.977. Para 2025, sus ganancias disminuyeron a USD 12.674.
En el caso de Constructora Raíces Altavedi, la información del proceso señala que habría recibido USD 100.066 en transferencias realizadas por Astrobryxa. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, en 2024 la empresa presentó pérdidas por USD 8.350. Sin embargo, en 2025 registró una utilidad de USD 70.284. Durante ese último año, sus activos ascendieron a USD 840.530, incluidos USD 492.513 en caja y efectivo. Sus pasivos alcanzaron USD 725.463, de los cuales USD 290.000 correspondieron a anticipos de clientes, mientras que su patrimonio fue de USD 115.067.
Soluenergy Soluciones Energéticas también presenta registros financieros que llaman la atención dentro del análisis. Según la información del caso civil y judicial, habría funcionado como una empresa de papel dentro de los registros públicos. Los balances de 2024 y 2025 muestran las mismas cifras: un capital social de USD 800, activos por USD 800, pasivos de cero dólares y un patrimonio de USD 800. En ambos períodos declaró cero dólares en ingresos, costos y gastos ante la Superintendencia de Compañías.
Por otro lado, AP Inspections Latinoamérica fue la firma encargada de emitir las actas e informes de septiembre de 2024, mediante los cuales se avaló el desembarco y la recepción inicial de los generadores eléctricos de Progen. De acuerdo con los balances registrados, sus activos pasaron de USD 8.748,64 en 2024 a USD 14.037 en 2025. Sus pasivos también aumentaron, de USD 3.977 a USD 7.072. En cuanto a sus resultados, la empresa reportó una utilidad de USD 1.021 en 2024 y de USD 2.418 en 2025.
Finalmente, Taxia, identificada como Wertex Cía. Ltda., es una firma pericial acreditada por el Consejo de la Judicatura que realizó una inspección judicial en julio de 2025. Durante esa revisión identificó que los bloques de motor de los generadores eran usados, con años de fabricación comprendidos entre 2009 y 2019, y presentaban placas troqueladas. Además, valoró las obras de Quevedo en USD 6,57 millones y las de El Salitral en USD 10,6 millones, y determinó que el avance real de los proyectos no superaba el 17 % del anticipo entregado por el Estado. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, en 2025 Taxia reportó ingresos operacionales por USD 250.762 y una utilidad de USD 18.324.
El análisis de los balances de estas compañías muestra distintas situaciones económicas y diferencias entre los recursos que circularon por los contratos eléctricos y los valores declarados oficialmente. Los registros financieros de 2024 y 2025 permiten observar la evolución de las empresas que participaron como subcontratistas en los proyectos de Quevedo y El Salitral, mientras continúan las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con los contratos fallidos de Progen.
