La Asamblea Nacional inició el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, una propuesta que unifica cuatro iniciativas legales originalmente diseñadas para proteger a los usuarios del sistema financiero. Sin embargo, la inclusión de cambios de última hora que afectan a la banca privada y al mercado de valores ha generado profundas preocupaciones entre economistas, legisladores y gremios del sector.
Beneficios propuestos para los ciudadanos
El proyecto busca implementar medidas de protección directa para los usuarios del sistema financiero y cooperativo:
Freno al anatocismo: Se establecen reglas técnicas para evitar el cobro de intereses sobre intereses. El interés por mora se aplicará únicamente sobre el capital de las cuotas vencidas.
Alivio en tarjetas de crédito: Se prohíbe el cobro de intereses por mora a los usuarios que cumplan con el pago mínimo mensual.
Protección a cooperados: Se agilizará la devolución de ahorros a los socios de cooperativas en procesos de liquidación forzosa.
Inclusión financiera: Se crea una tasa de interés preferencial para personas sin historial crediticio, buscando frenar el avance del mercado informal o «chulco».
La alerta bursátil: Denuncias de conflicto de intereses
El punto más crítico y polémico del debate es la incorporación de 12 reformas al Libro II (Ley de Mercado de Valores) que no constaban en las propuestas originales. La Asociación de Casas de Valores (Asocaval) y las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil han denunciado públicamente que estas modificaciones restan transparencia a las negociaciones y fomentan la creación de «mercados paralelos no formales».
Los principales riesgos advertidos por las instituciones del mercado de valores incluyen:
Menor liquidez y distorsión de precios: Se afectaría directamente la formación eficiente de precios y el flujo de capitales en el mercado.
Intrusismo profesional: Preocupa la entrada de intermediarios que no cuentan con la especialización técnica requerida.
Debilitamiento del control: Existe el riesgo de perder una supervisión regulatoria adecuada y una correcta gestión de riesgos operativos.
Desprotección del inversionista: Los cambios normativos ponen en peligro la confianza, la integridad y la seguridad jurídica del sector.
Falta de diálogo: Los gremios técnicos denuncian haber sido excluidos de las mesas de debate, a pesar de haber solicitado formalmente un espacio para aportar observaciones.