Hace doce años, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) llegó a Guatemala. El organismo creado por la ONU a solicitud del país ha puesto tras las rejas a poderosos políticos y empresarios vinculados a delitos de corrupción.
Hoy el organismo deja el país luego de que el presidente Jimmy Morales no renovara su mandato, pese a que al asumir el poder había manifestado su intención de continuar su labor hasta el 2021.
En agosto del 2017, tras la implicación de un hijo y un hermano de Morales en casos de corrupción, el mandatario ordenó la ‘expulsión inmediata’ del ente, alegando que se había extralimitado en sus funciones. La Corte de Constitucionalidad intervino para que el mandato del organismo pudiera terminar en septiembre del 2019.
En doce años, el organismo investigó a más de 1.500 personas, llevó a juicio a más de 600, logró desarticular 70 estructuras del crimen organizado y 120 casos de alto impacto se judicializaron, indica en su último informe de labores.
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A un día de la partida de la Cicig, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) detuvo a la excandidata presidencial Sandra Torres por presuntamente financiar ilegalmente al partido que lanzó su candidatura, uno de los casos que investigó junto con la Cicig.
Demostrar que Guatemala es un Estado capturado por grupos de poder enquistados en el Gobierno, partidos políticos y empresarios, que buscan perpetuar el statu quo en el país, es uno de los mayores aportes de la Cicig, dijeron analistas a Prensa Libre.
Uno de sus logros más importantes fue haber llevado a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes renunciaron tras ser acusados de una defraudación aduanera por unos $ 65 millones.
La Cicig también investigó el financiamiento ilegal del partido que llevó al poder a Morales y se logró por primera vez en la historia del país que empresarios fueran acusados y llevados a tribunales.
Una encuesta reveló que el 72% de los guatemaltecos aprueba el trabajo de la Cicig, cuya salida deja en duda el futuro de las investigaciones.
“Toda la información de las investigaciones ha sido entregada al Ministerio Público… los casos reúnen la evidencia y documentación probatoria para seguir en la justicia”, dijo el portavoz del ente, Matías Ponce.
La cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, según analistas, se puede palpar en las decisiones de los jueces de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, cuestionada por sus fallos a favor de los acusados de corrupción.
Beyla Estrada, quien es parte de los jueces que integran esa sala, es la esposa del secretario de Comunicación del presidente Morales.
La fiscal general de la República, Consuelo Porras, ha ofrecido fortalecer la FECI, pocos tienen fe en sus palabras. Porras decidió no contratar a ningún guatemalteco que haya trabajado en la Comisión. La funcionaria fue electa por Morales para ocupar el cargo.
El abogado colombiano Iván Velásquez, tercer jefe de la Comisión y a quien Morales declaró persona “non grata”, afirmó que “los que tienen en su poder al Estado son los que han hecho todo lo posible para lograr la salida de la Cicig”.
Morales dejará el poder en enero del 2020, su sucesor Alejandro Giammattei, que anunció la creación de un organismo que se encargará de los procesos, dijo a BBC: “No necesitamos la ayuda de los organismos internacionales que nos vengan a decir qué hacer”.
Los guatemaltecos temen que el fin de las labores de la Cicig deje en la nada los casos judiciales en proceso, debilite a la FECI y se produzcan posibles ataques de venganza.
Miguel Ángel Gálvez, el juez que procesó y encarceló al expresidente Otto Pérez Molina en el 2015, reconoció ese miedo y advirtió que en las investigaciones “donde ya se está dictando sentencia así ha pasado, los casos se están cayendo”.
Muestra de ese temor es la reciente absolución del hijo y el hermano del presidente Morales, acusados de peculado y lavado de dinero por supuestamente falsificar facturas y simular una licitación para quedarse con dinero del Estado. Pese a que el hijo del mandatario confesó, fue absuelto.
En tanto, en El Salvador el presidente Nayib Bukele anunció la creación de Comisión Contra Impunidad “Cicies”, también afín a la ONU, la que se encargará de combatir la corrupción en el país.
El organismo fue una de sus promesas de campaña, que aseguró estaría concretada antes de sus primeros 100 días de gobierno. El 1 de junio, Bukele asumió el poder, por lo que se prevé que para la próxima semana el ente haga su instalación.
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Aún se desconocen los lineamientos de cómo funcionará la Comisión en El Salvador, pero desde ya el presidente ha dicho que la Cicies deberá investigar todos los casos de corrupción en los últimos 30 años. “De aquí en adelante, pero también desde atrás”.
Honduras, desde 2016, con colaboración de la OEA cuenta con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), aprobada por el Congreso hondureño, esta ha sido criticada por su trabajo a paso lento y comparada con la labor de la saliente Cicig.
FUENTE: EL UNIVERSO