Representantes del colectivo Yasunidos acudieron al Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), para solicitar que se apruebe la legitimidad democrática del pedido de consulta popular que les fue negado en el 2014.
Francisco Bustamante, uno de los abogados que acudió este jueves 11 de julio del 2019 al organismo electoral, anunció que presentaron una propuesta para que “se destrabe” el proceso, pues aducen que fueron víctimas de un fraude electoral.
Yasunidos, en el 2014, entregó al CNE 757 623 firmas de respaldo, para impulsar un proceso de democracia directa, en el que se proponía consultar a la ciudadanía sobre la explotación petrolera en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní. Del total de firmas, el CNE de ese entonces validó solo 359 761 rúbricas.
El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs), que estuvo encabezado por Julio César Trujillo, elaboró un informe y declaró que los vocales del CNE de ese entonces violaron los derechos de participación de los firmantes que respaldaron la iniciativa. También “exhoratron” al CNE actual a que se continúe el trámite para la realización de la consulta.
Ramiro García, otro de los abogados que acudió al CNE, aseguró que solicitan que el ente electoral remita la pregunta de la consulta a la Corte Constitucional (CC), para que esa instancia de su dictamen de constitucionalidad. “La pregunta fue avalada por la ciudadanía, respaldada por firmas, ahora pedimos que sea la CC la que califique”, sostuvo.
Verónica Potes, otra de las abogadas que respaldó al colectivo, recordó que este trámite lleva más de cuatro años paralizado y pidió que el CNE permita que sea la ciudadanía la que decida sobre el futuro del Yasuní.
El consejero electoral, Luis Verdesoto, propuso un cambio del orden del día para que el CNE trate de manera urgente la petición de la consulta popular de Yasunidos. Sin embargo, solo tuvo el respaldo del vicepresidente, Enrique Pita. La titular del organismo, Diana Atamaint, se abstuvo de votar, al igual que los consejeros José Cabrera y Esthela Acero.
Fuente: El Comercio