Más datos arroja el archivo Verde Final, hallado en la computadora de Laura Terán, procesada por los aportes ilegales para Alianza País (AP). Los documentos, que ahora reposan en la Fiscalía, dicen que una parte de los 15,5 millones que este movimiento captó de 18 empresas fue usada en propaganda, difusión en redes sociales, convenciones, eventos masivos y hasta para armar el denominado Cuarto de Guerra, desde donde se planificaban las estrategias para llegar a los ciudadanos. De enero del 2012 a abril del 2014, el grupo de Rafael Correa usó USD 2,7 millones para difundir la propaganda. Según el archivo Verde Final, los gastos para levantar el Cuarto de Guerra fueron cubiertos por una firma coreana, que se encargó de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Usó USD 600 000.
Esta compañía también fue investigada dentro de la trama de corrupción de Petroecuador, en la que el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y el exgerente Álex Bravo fueron condenados por el cobro de sobornos. Otros fondos se emplearon para cubrir estudios de investigación con grupos focales, producción de cuñas radiales, pautaje en televisión, publicidad en vallas, gigantografías, afiches, uniformes, asesoría comunicacional, fotografías publicitarias, eventos, etc. Estos desembolsos coinciden con las elecciones presidenciales de febrero del 2013, en las que ganó el binomio Correa y Jorge Glas, quien había sido ministro de Sectores Estratégicos. Los aportes ilícitos también se usaron para la propaganda de las elecciones seccionales de febrero del 2014, en las que se eligieron prefectos, alcaldes, concejales y presidentes de juntas parroquiales. Así, por ejemplo, en enero del 2012, AP pagó en efectivo USD 1 500 para contratar un grupo musical que animó el Quinto Aniversario de la Revolución Ciudadana.
De acuerdo con los documentos, la persona que recibió el dinero fue miembro de la directiva de la Sociedad de Autores del Ecuador. En ese festejo, denominado La Patria Vuelve se realizó en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca. El entonces secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, escribió en su cuenta de Twitter que unas 40 000 personas disfrutaron de un show musical, que terminó con juegos pirotécnicos. “No le tememos a la muerte, lo que tememos es traicionar a nuestro pueblo, a nuestros principios”, sostuvo Correa durante su discurso. En ese mismo mes se pagó en efectivo USD 5 000 para el pago de la pintura y grafitis para conmemorar el centenario de la Hoguera Bárbara, como se denomina a la muerte de Eloy Alfaro, tomado como uno de los referentes por Alianza País.
Otros gastos que se hicieron fueron USD 34 700 para 10 000 camisetas, USD 72 800 para un trabajo publicitario, USD 146 700 para asesoría en publicidad y mercado, USD 180 000 para convenciones políticas que se realizaban en el país, etc. Ahora, estos gastos son rastreados por los investigadores y la Fiscalía citó a contratistas, funcionarios y exfuncionarios para que rindan su versión de forma libre y voluntaria. Por ejemplo, llamó al exfical general, Carlos Baca, quien está citado para el 15 de julio a las 11:30. Para el 16 de julio fue convocada la exlegisladora Sofía Espín, quien está prófuga por tentativa de fraude procesal en el caso Balda. La asambleísta Wendy Vera fue llamada para el 17 de julio. La parlamentaria andina, Pamela Aguirre, quien dirigió la campaña Rafael Contigo Siempre, fue llamada el 24 de julio, a las 15:30. El mismo día fueron citados los empresarios William Phillips y David Concha Becerra. También se tomará la versión libre y voluntaria de Pedro Verduga.
Deberá comparecer a la Embajada del Ecuador en Miami, Florida, EE.UU. Además, remitió oficios para que el Ministerio de Obras Públicas remita el listado de todos los contratos que esa empresa suscribió con las empresas señaladas en Verde Final. En este momento, por los aportes ilegales se encuentran detenidas Pamela Martínez, exasesora de Correa, y Laura Terán, su antigua asistente. También son procesados María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera, quien cumple arresto domiciliario. El jueves por la noche se alertó sobre una posible fuga. Ayer Mera, a través de su abogado, envió un documento a la jueza Daniella Camacho, quien lleva el caso, para rechazar tal alerta.
FUENTE: EL COMERCIO