Un polémico acuerdo con Brasil relacionado con la mayor hidroeléctrica del mundo por volumen de producción, la central de Itaipú, está detrás de la crisis política que sacude Paraguay y tiene contra las cuerdas al presidente Mario Abdo Benítez.
El acuerdo en cuestión estipula nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica, compartida por Paraguay y Brasil.
El acuerdo fue firmado el pasado 24 de mayo, pero apenas se hizo público la semana pasada.
Este fue duramente criticado por la oposición, que lo tildó de secreto y dijo que se trataba de una cesión de la soberanía de Paraguay que podría derivar en el aumento de los precios de la energía eléctrica en el país.
Desde sectores de la oposición incluso se habló de la posibilidad de someter a un juicio político al presidente paraguayo quien afronta su mayor crisis en casi un año de gobierno.
Paraguay y Brasil son socios en Itaipú, la mayor central del mundo en generación de energía, y este escándalo se da en un momento clave, cuando ambos países se preparan para negociar el futuro de la central en vistas al vencimiento de un anexo clave de su tratado fundacional en 2023.
Por qué es tan polémico
Ante la magnitud de las críticas, el canciller Luis Castiglioni, quien estuvo implicado en la negociación del acuerdo, anunció este lunes que Paraguay le pediría a Brasil dejar sin efecto el acuerdo bilateral. Horas después, presentó su renuncia.
Otros tres altos funcionarios, también implicados en las negociaciones, que renunciaron también este lunes son Alcides Jiménez, quien había asumido unos días antes el cargo de jefe de la Administración Nacional de Energía (ANDE); Hugo Saguier, embajador de Paraguay en Brasil, y José Alderete, el director paraguayo de Itaipú.
El anterior titular de la ANDE, Pedro Ferreira, había renunciado la semana pasada tras negarse a firmar el acuerdo bilateral porque, según dijo, este tendría un sobrecosto para Paraguay de unos US$250 millones.
Fue precisamente la renuncia de Ferreira la que destapó el escándalo.
El gobierno de Abdo, que mantiene una estrecha relación con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que tras el fracaso de las negociaciones entre técnicos del Estado, el acuerdo fue finalmente gestionado por canales diplomáticos, y de ahí la participación del canciller Castiglioni y del embajador Saguier.
Por exigencia de la parte brasileña, se estableció un cronograma para la compra de energía a la hidroeléctrica binacional hasta el 2022, algo que no se había hecho hasta el momento y que fue interpretado por la oposición como una cesión de soberanía.
Además, los montos de potencia media anual se incrementan en ese periododesde los 1.370 megavatios en 2019 a 1.924 en 2022, lo que conlleva también un mayor desembolso.
El Partido Liberal, el mayor de la oposición en Paraguay, acusó a Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, de «entreguismo» con el gobierno de Bolsonaro, y de firmar un acuerdo «extorsivo» e «indignante» para los derechos de los paraguayos.
El acuerdo también provocó protestas en las calles de Asunción.
Gran parte de las críticas de la oposición se centraron en el «secretismo» que rodeó la negociación.
De hecho, senadores de la formación de izquierda Frente Guasu hablaron de la posibilidad de someter a juicio político al presidente en base a que ese acta se firmó entre «cuatro paredes» y sin informar al Congreso ni a la ciudadanía.
Sin embargo, desde el Gobierno se defendió que no se informara sobre esas negociaciones, argumentando que es algo normal, puesto que estas se producen anualmente entre la ANDE y la brasileña Electrobas en el ámbito de la compra de potencia de la planta de Itaipú.
Antes de renunciar, Castiglioni dijo en Twitter que todo el proceso del acuerdo con Brasil sobre la contratación anual de energía fue «transparente y para beneficio del país».
FUENTE: BBC