Durante la tarde del lunes último y la mañana de este martes, el fiscal Santillán emitió dictámenes acusatorios contra los 14 procesados a quienes Fiscalía señala tener algún tipo de responsabilidad en las irregularidades detectadas en el contrato de $ 4.2 millones suscrito por el Municipio de Quito y la empresa Salumed S.A. para adquirir 100.000 pruebas para detectar “Covid-19-Polimerasa”.
La Fiscalía mantiene la teoría de que Salumed S.A. no entregó pruebas PCR-Polimerasa sino pruebas Isopollo Covid-19 con tecnología RT Lamp, lo que significaría que la diferencia en lo entregado estaría en la sensibilidad y la especialidad para detectar el virus.
A pesar de los incumplimientos ubicados en la contratación, se finiquitó el contrato de mutuo acuerdo, cuando se había debido terminar de forma unilateral el contrato, ejecutar las garantías y declarar a Salumed S.A. como proveedor incumplido.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue el primero en recibir un dictamen acusatorio como autor mediato. Luego el fiscal Santillán emitió un dictamen acusatorio contra el exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla, y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S.A.. A ambos los calificó como autores directos del delito de peculado.
A demás, la Fiscalía en calidad de coautores, emitió un dictamen acusatorio contra Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio de Quito; Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud; Enrique B., exdirector metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud – Comisión Técnica; Diego S., presidente de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud; Iván M.; responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud; Simón V., miembro de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud; y José M., a cargo del informe de necesidad, mercadeo y especificaciones técnicas de la Secretaría de Salud.
Santillán sumó los dictámenes acusatorios, también en calidad d coautores, contra Daysi H., administradora del contrato con Salumed S.A.; Erick A., excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud; Jéssica Cárdenas, delegada en el proceso de contratación pública; y Marco Antonio R., excoordinador jurídico de la Secretaria de Salud.
La audiencia continúa con la explicación de las pruebas periciales, testimoniales y documentales que presentará la Fiscalía en una eventual audiencia de juzgamiento, de llegar a ser esa la decisión que adopte al final de esta diligencia el juez Vladimir Jhaya, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.